Por: Gino Costa
La marea criminal amenaza
con convertirse en una severa crisis de seguridad. El Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana,
del que formo parte, ha solicitado al presidente de la República que en su
mensaje a la nación de hoy exponga el estado veraz de la situación y diga cómo
piensa enfrentarla.
Aunque la situación
es grave, estamos a tiempo de revertirla. Aquí algunas de las líneas de política
que consideramos el país necesita con urgencia.
Primero, un
Ministerio del Interior que dirija y coordine la política pública y articule,
en los tres niveles de gobierno, a las instituciones involucradas en la
prevención y persecución del delito. El marco para ello es el alicaído y casi
abandonado Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), cuya secretaría
técnica debe ser el pulmón del sistema y el Plan 2013-2018, su hoja de ruta.
Ojalá que el gobierno reactive el consejo, profesionalice su secretaría y ponga
en práctica el plan.
Interior también es
responsable de dirigir y supervisar la institución policial, y de brindar a sus
efectivos las mejores condiciones de bienestar y trabajo. Para hacerlo requiere
dotarse de un plantel gerencial de primer nivel que asegure una gestión moderna
y un buen y oportuno uso de los recursos. Urge que lo haga y
para ello podría recurrir a Servir, como lo ha hecho con éxito el INPE.
Segundo, una policía
profesional a tiempo completo y no el epítome de informalidad que es hoy. Así
lo propuso el Plan 2013-2018 y el ex ministro Walter Albán anunció que ya contaba
con los recursos, pero a los pocos días perdió el puesto. Urge que el gobierno
diseñe una estrategia para restablecer la exclusividad del servicio policial en
el plazo más corto, pues no hay país serio en el mundo con una policía a medio
tiempo.
Este esfuerzo debe ir
acompañado por un plan de lucha contra la corrupción policial.
Tercero, una
estrategia contra el crimen organizado, con una instancia nacional de dirección.
Sin descuidar la lucha contra remanentes del terrorismo, el narcotráfico y la
minería ilegal, tres deberían ser sus prioridades: construir la institucionalidad
necesaria para poner en práctica la Ley 30077, incluyendo el fortalecimiento de
la inteligencia policial, acabar con las extorsiones y el sicariato, y frenar
el lavado de activos.
Cuarto, un plan
contra la delincuencia callejera, que, además de los grupos de inteligencia
operativa que se han creado, contemple la desarticulación de los mercados de
bienes robados (celulares, computadoras, partes de autos y vehículos), así como
el fortalecimiento de la vigilancia y patrullaje de los serenazgos municipales
con apoyo policial.
Quinto, un incremento
significativo de la capacidad de albergue del sistema penitenciario, junto con
el desarrollo de una oferta de medidas alternativas a la privación de libertad,
que incluyan los grilletes electrónicos y la justicia restaurativa para tratar
en libertad a los delincuentes primarios y no violentos. Es imprescindible reducir
la actual sobrepoblación para que las cárceles sean de verdad centros de
reeducación y no de reproducción de la violencia.
Publicado en "El Comercio" el 28 de julio del 2014
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