PERCEPCIONES Y FANTASÍAS

Por: Fernando Rospigliosi

Nuevamente el presidente Ollanta Humala desperdició una oportunidad para proponer una política de seguridad ciudadana que responda a la demanda de lo que sigue siendo la mayor preocupación de los peruanos. Los seis minutos que dedicó al tema los gastó básicamente en cifras fantasiosas sobre los supuestos logros alcanzados y sobre los maravillosos resultados que vendrán a consecuencia de nuevas adquisiciones de patrulleros y helicópteros.

No hubo, por supuesto, ninguna autocrítica sobre el fracaso de estos tres años, en los que los delitos han aumentado y los ciudadanos nos sentimos más inseguros. Por el contrario, una absurda autocomplacencia que no ayuda a que el país recobre la confianza en el Gobierno y las autoridades. El presidente habló con orgullo que la “nueva estrategia viene dando buenos resultados”. Lástima que no nos hayamos enterado ni de la nueva estrategia ni de los buenos resultados.

Las cifras que presenta Ollanta Humala sobre los éxitos de su gobierno son grotescas, ridículas. Por ejemplo, dijo que en el curso del último año, julio del 2013 a julio del 2014, se habían detenido a 160.000 personas “por delitos diversos”. Si se les ha apresado por delitos, son delincuentes que deberían estar procesados en el sistema judicial y eventualmente encarcelados. Solo para ellos se requeriría haber construido unos 80 penales en el último año.

Si esa cifra fuera cierta, la policía debería haber detenido en promedio a 13.333 delincuentes cada mes, 3.077, cada semana, 438 cada día, todos y cada uno de los días del año. ¡Y además, luego de haber detenido a 160.000 delincuentes seguimos agobiados por la inseguridad ciudadana! ¿Cuántos cientos de miles más faltan apresar para frenar la ola de inseguridad?

También dijo que se han desarticulado 4.767 bandas delincuenciales, es decir, la policía ha liquidado cada día a 13 organizaciones criminales. ¿Alguien puede creerlo?

Hace tres días el ministro del Interior, Daniel Urresti, emitió un comunicado presentando las cifras de su gestión a un mes de asumir el cargo. Eran igual de absurdas y fantasiosas que las del presidente. Por ejemplo, dice que en un mes decomisó 56 toneladas de droga (55.997 kilos). Según el último reporte de Naciones Unidas y Devida, el Perú, principal productor y exportador de cocaína del mundo, decomisó en todo el 2013, 24.1 toneladas de pasta básica y de cocaína.

Así, Urresti nos cuenta la historia que él en un mes incautó más del doble de droga que en todo el año anterior.

Hace poco un grupo de ciudadanos emitimos un pronunciamiento y demandamos a “las más altas autoridades sinceren las cifras de la criminalidad en el Perú, en el nivel de calidad estadística en que se encuentren y se deje de estar festinando porcentajes y números inventados para cada ocasión”. 

(http://www.gruposeguridadciudadanaperu.blogspot.com). 

Eso es indispensable porque sin estadísticas precisas no se puede establecer una verdadera política de seguridad ciudadana, fijar prioridades y metas en el tiempo. Desgraciadamente no hemos sido escuchados y estamos nuevamente ante una retahíla de cifras absurdamente adulteradas.

El presidente ni siquiera mencionó lo que es un tema básico para mejorar la eficiencia policial, cambiar el trabajo a medio tiempo (24 por 24) por trabajo a tiempo completo. Hace solo dos meses, esa era una piedra angular de la propuesta del gobierno y el entonces ministro Walter Albán prometió que en julio habrían 33.776 policías que trabajarían a tiempo completo.

Esta es una prueba palpable que no existe ni por asomo una política del gobierno en este tema. Lo que para el anterior ministro era un asunto fundamental, hoy simplemente no existe.

En síntesis, se ingresa al cuarto año del gobierno con la misma orfandad de ideas y de políticas que al comienzo. La única diferencia es que ahora el presidente confía que la percepción mejorará con un ministro que dedica todo su tiempo a montar shows para la televisión. Pronto se dará cuenta de que eso tampoco sirve.

Publicado en "El Comercio" el 29 de julio del 2014.

SUGERENCIAS PARA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD

Por: Gino Costa

La marea criminal amenaza con convertirse en una severa crisis de seguridad. El Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, del que formo parte, ha solicitado al presidente de la República que en su mensaje a la nación de hoy exponga el estado veraz de la situación y diga cómo piensa enfrentarla.

Aunque la situación es grave, estamos a tiempo de revertirla. Aquí algunas de las líneas de política que consideramos el país necesita con urgencia.

Primero, un Ministerio del Interior que dirija y coordine la política pública y articule, en los tres niveles de gobierno, a las instituciones involucradas en la prevención y persecución del delito. El marco para ello es el alicaído y casi abandonado Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), cuya secretaría técnica debe ser el pulmón del sistema y el Plan 2013-2018, su hoja de ruta. Ojalá que el gobierno reactive el consejo, profesionalice su secretaría y ponga en práctica el plan.

Interior también es responsable de dirigir y supervisar la institución policial, y de brindar a sus efectivos las mejores condiciones de bienestar y trabajo. Para hacerlo requiere dotarse de un plantel gerencial de primer nivel que asegure una gestión moderna y un buen y oportuno uso de los recursos. Urge que lo haga y para ello podría recurrir a Servir, como lo ha hecho con éxito el INPE.

Segundo, una policía profesional a tiempo completo y no el epítome de informalidad que es hoy. Así lo propuso el Plan 2013-2018 y el ex ministro Walter Albán anunció que ya contaba con los recursos, pero a los pocos días perdió el puesto. Urge que el gobierno diseñe una estrategia para restablecer la exclusividad del servicio policial en el plazo más corto, pues no hay país serio en el mundo con una policía a medio tiempo.

Este esfuerzo debe ir acompañado por un plan de lucha contra la corrupción policial.

Tercero, una estrategia contra el crimen organizado, con una instancia nacional de dirección. Sin descuidar la lucha contra remanentes del terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal, tres deberían ser sus prioridades: construir la institucionalidad necesaria para poner en práctica la Ley 30077, incluyendo el fortalecimiento de la inteligencia policial, acabar con las extorsiones y el sicariato, y frenar el lavado de activos.

Cuarto, un plan contra la delincuencia callejera, que, además de los grupos de inteligencia operativa que se han creado, contemple la desarticulación de los mercados de bienes robados (celulares, computadoras, partes de autos y vehículos), así como el fortalecimiento de la vigilancia y patrullaje de los serenazgos municipales con apoyo policial.

Quinto, un incremento significativo de la capacidad de albergue del sistema penitenciario, junto con el desarrollo de una oferta de medidas alternativas a la privación de libertad, que incluyan los grilletes electrónicos y la justicia restaurativa para tratar en libertad a los delincuentes primarios y no violentos. Es imprescindible reducir la actual sobrepoblación para que las cárceles sean de verdad centros de reeducación y no de reproducción de la violencia.

Publicado en "El Comercio" el 28 de julio del 2014

RESPUESTA A INVITACIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR

Señora IBIS VILLALOBOS

Jefa de Gabinete de Asesores

MININTER:

Estimada señora Villalobos:

Ya en Lima y coordinando con mis colegas respondo al fondo de su comunicación.

En primer lugar le agradeceremos hacerle llegar al señor Ministro del Interior nuestro agradecimiento por su invitación a conversar.

Al mismo tiempo, le solicitamos le manifieste nuestra plena disposición para explicarle personalmente nuestros puntos de vista, en cita cuyos términos conversaremos oportunamente. 

En respeto a la palabra del Presidente de la República, consideramos que dicha reunión debería producirse después del mensaje de 28 de julio, dado que nuestro documento ha solicitado explícitamente un pronunciamiento de su parte en materia de seguridad ciudadana.

Atentamente

Carlos Basombrío

MINISTRO DEL INTERIOR INVITA AL DIÁLOGO A INTEGRANTES DEL GRUPO GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

El ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, anunció que invitará a los integrantes del Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, conformado por ex ministros y ex viceministros del Interior y especialistas, a un diálogo sobre seguridad ciudadana.

La finalidad de esta invitación es generar un espacio de coordinación en el que el actual titular del sector Interior expondrá las políticas del Gobierno en materia de seguridad ciudadana que se viene implementando.

Bajo el nombre de Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, doce expertos publicaron recientemente un pronunciamiento titulado “Liderazgo y voluntad política para la seguridad ciudadana”, en el que expresaban su preocupación por la inseguridad ciudadana.

Dicho documento fue suscrito por Carlos Basombrío Iglesias, Gustavo Carrión Zavala, Gino Costa Santolalla, Jorge Nieto Montesinos, Fernando Rospigliosi, Ricardo Uceda, Víctor García Toma, Rafael Fernández Stoll, Jose Ugaz Sánchez Moreno, Ricardo Valdés Cavassa, Rubén Vargas Céspedes y Manuel Boluarte Carbajal.

San Isidro, 25 de julio de 2014

Oficina de Comunicación Social

Ministerio del Interior

LIDERAZGO Y MAREA CRIMINAL

Por: Jorge Nieto Montesinos

Durante tres meses, desde mediados de abril, nos hemos reunido un conjunto de ciudadanos preocupados por la amenaza que supone la creciente inseguridad ciudadana. Tenemos ideas distintas sobre muchos temas, pero nos hemos puesto de acuerdo en este. Como se dice en el Comunicado, “quienes firmamos, nos constituimos como un grupo ciudadano que se esforzará por hacer el seguimiento acucioso de la crisis de la seguridad ciudadana, sensibilizar a las instituciones y la opinión pública sobre la gravedad de la situación y exigir a las autoridades cumplir con seriedad las responsabilidades que han asumido. Queremos impedir que la marea criminal avance y ponga en jaque la gobernabilidad democrática y el progreso económico del país”.

El comunicado completo esta en la siguiente dirección electrónica:
http://gruposeguridadciudadanaperu.blogspot.com 
Lo firman, en orden alfabético, Carlos Basombrío Iglesias, Gustavo Carrión Zavala, Gino Costa Santolalla, Rafael Fernández Stoll, Víctor García Toma, Jorge Nieto Montesinos, Fernando Rospigliosi, Ricardo Uceda, José Ugaz Sánchez Moreno, Ricardo Valdés Cavassa y Rubén Vargas Céspedes. Constituye un primer diagnóstico de la situación y los fundamentos de un plan estratégico, al tiempo que una exigencia de tomar muy en serio el problema, aún manejable, pero que corre el riesgo de entrar en una dinámica inercial viciosa. Convergente con los artículos que he venido escribiendo en este portal, reproduzco alguna de sus partes. Se titula Liderazgo y Voluntad Política para la Seguridad Ciudadana.

El nombramiento del nuevo Ministro del Interior, una persona severamente cuestionada por graves denuncias en materia de derechos humanos, su frenético activismo mediático, y las sucesivas y erráticas declaraciones en materia de seguridad ciudadana, así como las medidas que a trompicones ha ido anunciando en los días subsiguientes, lejos de brindarle tranquilidad a la ciudadanía, le han notificado que no parece haber ni cifras serias y confiables sobre todos los indicadores del fenómeno criminal, ni un diagnóstico preciso, ni menos una estrategia y un rumbo claros, con objetivos meditados y metas cuantificables, dentro de una línea de tiempo mensurable.

El peor dato es la ligereza con la que se aborda el problema. Esta sugiere con mucha nitidez la ausencia de la voluntad política y del liderazgo competente indispensable para enfrentar el problema, no solo su percepción. Es verdad que han quedado atrás las sistemáticas declaraciones de funcionarios del gobierno señalando que la sociedad exageraba el fenómeno. Pero sigue en pie que este año la seguridad ciudadana es el principal problema de la agenda pública, según lo anotan varias empresas encuestadoras.

La percepción de inseguridad de la gente se deriva de su experiencia cotidiana. Lo responsable es cambiar esa realidad. Atacar solo la percepción a través del activismo mediático es preparar un nuevo fiasco. De hecho, mientras se televisan aparatosos operativos en un lado, por otros continúan los ajustes de cuentas, los robos, las extorsiones, el pandillerismo y demás componentes de la marea criminal.

El factor que parece explicar principalmente su incremento es el déficit institucional y el déficit ético del que adolece el Estado, que consolidan la corrupción y la impunidad como su modo usual de comportamiento. Y por ello la mejora radical de la calidad de las instituciones implicadas y el combate a la corrupción, que ahora se han minimizado, son parte medular de una estrategia. Necesitamos instituciones, no salvadores televisivos que las reemplacen. El país ya sabe cómo termina eso.

Publicado en el portal "El Montonero" el 22 de julio del 2014.

NUESTRA PREOCUPACIÓN TRASCIENDE A URRESTI

Por: Carlos Basombrío

Hace unos días, un conjunto de profesionales hemos hecho público un primer pronunciamiento sobre inseguridad ciudadana.

El grupo, abierto al aporte de otros, está formado hasta ahora por Gino Costa, Gustavo Carrión, Rafael Fernández Stoll, Víctor García Toma, Jorge Nieto, Fernando Rospigliosi, Ricardo Uceda, José Ugaz, Ricardo Valdés, Rubén Vargas y el autor de esta columna. Nos apoya en las comunicaciones Manuel Boluarte.

Nos hemos juntado porque “queremos ser parte activa de un diálogo nacional plural que vaya consiguiendo consensos de cómo actuar frente a estos problemas. Queremos aportar a la construcción de la política pública de seguridad para el Perú. Nuestra intención es pronunciarnos regularmente como grupo sobre la distintas dimensiones del problema y cuando podamos proponer lineamientos de solución de corto mediano y largo plazo”.

Sin duda estamos en contra de la permanencia del ministro Daniel Urresti. Por estar involucrado en un proceso penal por un crimen de lesa humanidad y porque su actuación va a contra pelo de lo que pensamos. (“Necesitamos instituciones, no salvadores televisivos que las reemplacen”).

Pero más allá de la coyuntura, lo que realmente nos interesa es que cambie la lógica chambona del enfrentamiento a la inseguridad y tengamos una política pública consistente; como las que hay para la economía y las relaciones internacionales, con los buenos resultados que, en ambos casos, su aplicación perseverante ha conseguido.

En nuestro documento planteamos un conjunto de medidas “que se pueden realizar en un plazo razonable e hilvanarse con una estrategia de mediano y largo plazo, si es que hay liderazgo político con rumbo claro, que piense de verdad en el Perú y en las necesidades de su gente”.

(Ver texto completo del documento en: http://gruposeguridadciudadanaperu.blogspot.com/2014/07/liderazgo-y-voluntad-politica-para-la.html)

Artículo publicado en "Peru 21" el 22 de julio del 2014.

DEMANDAMOS SEGURIDAD

Por: Fernando Rospigliosi

Un grupo de ciudadanos, de diversa procedencia y con distintas ideas sobre muchos temas, pero compartiendo una común preocupación por el deterioro incesante de la seguridad ciudadana y el desborde de la corrupción en el país, nos hemos venido reuniendo desde hace algunos meses para pronunciarnos y proponer alternativas frente a estos problemas que, de seguirse incrementando, amenazan la viabilidad del Perú como nación civilizada.

A continuación, algunos extractos del pronunciamiento que hemos redactado en el que, entre otras cosas, se demanda al gobierno y a la clase política una política de seguridad ciudadana (la versión completa en el blog Seguridad Ciudadana, http://gruposeguridadciudadanaperu.blogspot.com/):

La marea criminal en el país continúa y amenaza convertirse en una severa crisis de seguridad que ponga en jaque la gobernabilidad democrática. Mientras la sociedad resiente todas sus amenazadoras dimensiones, mucha de la clase política, el Estado, y el gobierno, parecen reproducir, de distintas maneras, el mismo comportamiento frívolo que tuvieron en otro tiempo frente al desafío terrorista. A pesar de ello, aún estamos a tiempo.

El nombramiento del nuevo ministro del Interior, una persona severamente cuestionada por graves denuncias en materia de derechos humanos, su frenético activismo mediático, y las sucesivas y erráticas declaraciones en materia de seguridad ciudadana, así como las medidas que a trompicones ha ido anunciando en los días subsiguientes, lejos de brindarle tranquilidad a la ciudadanía, le han notificado que no parece haber ni cifras serias y confiables sobre todos los indicadores del fenómeno criminal, ni un diagnóstico preciso, ni menos una estrategia y un rumbo claros, con objetivos meditados y metas cuantificables, dentro de una línea de tiempo mensurable.

[…]

Por todo ello, exigimos que las más altas autoridades sinceren las cifras de la criminalidad en el Perú, en el nivel de calidad estadística en que se encuentren y se deje de estar festinando porcentajes y números inventados para cada ocasión, en frente de los medios. Pedimos que en su mensaje a la nación del 28 de julio próximo el presidente dé respuesta a las inquietudes de los peruanos, exponiendo un estado veraz de la situación, junto con el rumbo y la estrategia con que habremos de lograr la seguridad ciudadana con gobernabilidad democrática.

En dicha estrategia urge declarar en reorganización a la Policía Nacional, sin duda depurarla, pero también fortalecer los mecanismos contra la corrupción interna, producir cambios significativos en la gestión de sus recursos, incentivar el profesionalismo y la evaluación del personal por resultados.

Urge, así mismo, distribuir y desplegar nuestros efectivos en las calles con una perspectiva comunitaria, bajo el liderazgo real de los alcaldes, para combatir el crimen común usando mejor lo que ya tenemos. Para ello y otros propósitos igualmente importantes se debe eliminar el trabajo a medio tiempo de los policías, también conocido como 24 x 24.

Urge, adicionalmente, crear pequeñas unidades de élite para la inteligencia, investigación y combate eficaz al crimen organizado, que sean altamente selectivas en su composición, que privilegien la honradez y el profesionalismo de sus miembros, con recursos y tecnología suficientes,  y que se premien sus resultados.

Urge, igualmente, rediseñar y fortalecer  fiscalías y juzgados especiales para la investigación y la sanción penal del crimen organizado, los que deben ser dotados de personal calificado ética y profesionalmente y de recursos suficientes. [...]

Urge, además, la construcción de más penales que hagan posible una efectiva clasificación de los presos, aislando a los incorregibles. […]

Por último, pero no por ello menos importante, urge colocar para liderar todo esto a una persona libre de toda sospecha, que pueda combatir la corrupción, la verdaderamente importante, con libertad de acción, sin tener rabo de paja ni ser víctima de su pasado. Urge, por ello, licenciar al actual ministro del Interior como lo han pedido diversas instituciones y personas.

Todas las medidas anteriores y otras más se pueden realizar en un plazo muy corto si es que hay un liderazgo político con rumbo claro y con estrategia meditada, que piense de verdad en el Perú y en las necesidades de su gente. Urge dotarnos de todo ello. Urge.

Suscriben Carlos Basombrío, Gustavo Carrión, Gino Costa, Víctor García Toma, Rafael Fernández Stoll, Jorge Nieto, Fernando Rospigliosi, Ricardo Valdés, Rubén Vargas, Ricardo Uceda, José Ugaz. 

Artículo publicado en el diario "El Comercio" el 20 de julio del 2014.

LIDERAZGO Y VOLUNTAD POLÍTICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

La marea criminal en el país continúa y amenaza convertirse en una severa crisis de seguridad que ponga en jaque la gobernabilidad democrática. Mientras la sociedad resiente todas sus amenazadoras dimensiones, mucha de la clase política, el Estado, y el gobierno, parecen reproducir, de distintas maneras, el mismo comportamiento que tuvieron en otro tiempo frente al desafío terrorista. A pesar de ello, aún estamos a tiempo.

El nombramiento del nuevo Ministro del Interior, una persona severamente cuestionada por graves denuncias en materia de derechos humanos,  su frenético activismo mediático, y las sucesivas y erráticas declaraciones en materia de seguridad ciudadana, así como las medidas que a trompicones ha ido anunciando en los días subsiguientes, lejos de brindarle tranquilidad a la ciudadanía, le han notificado que no parece haber ni cifras serias y confiables sobre todos los indicadores del fenómeno criminal, ni un diagnostico preciso, ni menos una estrategia y un rumbo claros, con objetivos meditados y metas cuantificables, dentro de una línea de tiempo mensurable.

El peor dato es la ligereza con la que se aborda el problema. Esta sugiere con mucha nitidez la ausencia de la voluntad política y del liderazgo competente indispensable para enfrentar el problema, no solo su percepción. Es verdad que han quedado atrás las sistemáticas declaraciones de funcionarios del gobierno señalando que la sociedad exageraba el fenómeno. Pero sigue en pie que este año la seguridad ciudadana es el principal problema de la agenda pública, según lo anotan varias empresas encuestadoras. Y que la sociedad peruana tiene la más alta percepción de inseguridad de toda América Latina, 48.6%, según al Informe Regional de Desarrollo Humano del 2013.

Esta percepción deriva de la experiencia cotidiana de la gente. Así en el referido informe se muestra cómo el Perú, junto con el Ecuador, tienen la tasa de victimización más alta de toda la región. Cifras corroboradas por las estadísticas oficiales de medición de delitos de la Policía Nacional; con base en ellas la organización especializada Ciudad Nuestra encontró que entre el año 2007 y el año 2013 hubo un incremento del 74% en el número de delitos por cada 100,000 habitantes. Y, según encuesta propia, la misma organización encontró en solo un año un incremento del 10% al 14% en los robos con arma de fuego.

Agréguese a esto un proceso de cambio de calidad en la actividad delictiva en el Perú, derivado del surgimiento  estadísticamente significativo de delitos antes inexistentes. Entre el 2008 y el 2013 se habrían producido, según fuentes policiales, aproximadamente 900 asesinatos por sicariato. Las extorsiones, antes confinadas a una ciudad norteña, ahora se han extendido en varias regiones del país, incluyendo la capital, Lima. La Confederación Nacional de Comerciantes calcula en 50 millones de soles mensuales la cifra que pagan sus asociados por este concepto. Súmese, la recuperación para el Perú del lugar número 1 en el mundo como productor de cocaína; la tala ilegal de bosques; la depredadora minería ilegal; las mafias de chantaje y asesinato en la construcción civil; la trata de mujeres, niños y diversas formas de semiesclavitud en nuestro territorio.

La percepción de inseguridad de la gente se deriva de su experiencia cotidiana. Lo responsable es cambiar esa realidad. Atacar solo la percepción a través del activismo mediático es preparar un nuevo fiasco. De hecho, mientras se televisan aparatosos operativos en un lado, por otros continúan los ajustes de cuentas, los robos, las extorsiones, el pandillerismo y demás componentes de la marea criminal.

La marea criminal no se deriva del crecimiento económico, como se dijo para naturalizar el incremento delictivo como parte del progreso y nuevamente intentar evadir responsabilidades. Contrariamente a ello, el factor que parece explicar principalmente su incremento es el déficit institucional y el déficit ético del que adolece el Estado, que consolidan la corrupción y la impunidad como su modo usual de comportamiento. Y por ello la mejora radical de la calidad de las instituciones implicadas y el combate a la corrupción, que ahora se han minimizado, son parte medular de una estrategia. Necesitamos instituciones, no salvadores televisivos que las reemplacen. El país ya sabe cómo termina eso.

Si la respuesta estatal ante la actividad delictiva se está revelando claramente insuficiente, muchas veces la actividad opositora oscila entre la indignación sobreactuada y la enunciación de políticas populistas de mano dura que no han sido solución en ninguna parte del mundo. Al contrario, cuando se han aplicado lo han vuelto más grande e inmanejable. Así también se abdica de construir el liderazgo indispensable para lograr la seguridad ciudadana. La mayoría de las veces frente al crimen la sociedad peruana se encuentra sola, como lo sabe quien quiera que haya sufrido un delito.

Solo cuando la presión de la sociedad es insoportable para las autoridades –políticos, jueces, fiscales, policías, etc.- estas hacen su trabajo, confirmando que cuando no se ha hecho así ha sido por complicidad o complacencia, como lo vemos hoy en diversas regiones. Sin duda, hay excepciones.

Ante esta situación, quienes firmamos, nos constituimos como un grupo ciudadano que se esforzará por hacer el seguimiento acucioso de la crisis de la seguridad ciudadana,  sensibilizar a las instituciones y la opinión pública sobre la gravedad de la situación y exigir a las autoridades cumplir con seriedad las responsabilidades que han asumido. Queremos impedir que la marea criminal avance y ponga en jaque la gobernabilidad democrática y el progreso económico del país.

Por todo ello, exigimos que las más altas autoridades sinceren las cifras de la criminalidad en el Perú, en el nivel de calidad estadística en que se encuentren y se deje de estar festinando porcentajes y números inventados para cada ocasión, en frente de los medios. Pedimos que en su mensaje a la Nación del 28 de julio próximo, el Presidente de respuesta a las inquietudes de los peruanos, exponiendo un estado veraz de la situación, junto con el rumbo y la estrategia con que habremos de lograr la seguridad ciudadana con gobernabilidad democrática.

En dicha estrategia urge declarar en reorganización a la Policía Nacional, sin duda depurarla, pero también fortalecer los mecanismos contra la corrupción interna, producir cambios significativos en la gestión de sus recursos, incentivar el profesionalismo y la evaluación del personal por resultados.

Urge, así mismo, distribuir y desplegar nuestros efectivos en las calles con una perspectiva comunitaria, en estrecha coordinación con los serenazgos, bajo el liderazgo real de los alcaldes, para combatir el crimen común usando mejor lo que ya tenemos. Para ello y otros propósitos igualmente importantes se debe eliminar el trabajo a medio tiempo de los policías, también conocido como 24 x 24.

Urge, adicionalmente, crear pequeñas unidades de élite para la inteligencia, investigación y combate eficaz al crimen organizado, que sean altamente selectivas en su composición, que privilegien la honradez y el profesionalismo de sus miembros, con recursos y tecnología suficientes,  y que se premien sus resultados.

Urge, igualmente, rediseñar y fortalecer  fiscalías y  juzgados especiales  para la investigación y la sanción penal del crimen organizado, los que deben ser dotados de personal calificado ética y profesionalmente y de recursos suficientes.

Urge, también, revisar los sistemas de  incentivos para la colaboración eficaz  y otras formas de captación rápida de información relevante para combatir a las organizaciones criminales y dotar  de recursos adecuados  para proteger a víctimas, informantes y testigos.

Urge, además, la construcción de más penales que hagan posible una efectiva clasificación de los presos, aislando a los incorregibles. Asimismo, aplicar medidas alternativas a la prisión para delitos menores. 

Urge, en fin, un amplio plan nacional de prevención de la delincuencia principalmente dirigido a los jóvenes en estado vulnerable; plan conducido, financiado, y evaluado por el estado central e implementado en alianza con los municipios.

Por último, pero no por ello menos importante, urge colocar para liderar todo esto a una persona libre de toda sospecha, que pueda combatir la corrupción, la verdaderamente importante, con libertad de acción, sin tener rabo de paja ni ser víctima de su pasado. Urge, por ello, licenciar al actual ministro del interior como lo han pedido diversas instituciones y personas.

Todas las medidas anteriores y otras más se pueden realizar en un plazo razonable e hilvanarse con una estrategia de mediano y largo plazo, si es que hay liderazgo político con rumbo claro, que piense de verdad en el Perú y en las necesidades de su gente. Urge dotarnos de todo ello. Urge.