A
mediados de julio de 2014 un grupo de ciudadanos preocupados por el incremento
de la inseguridad publicamos un pronunciamiento, “Liderazgo y voluntad política para la seguridad ciudadana” donde, partiendo de la constatación de
un incremento cuantitativo y cualitativo de la actividad delictiva en el Perú,
señalábamos que un factor fundamental para explicar ese aumento radicaba en la
debilidad y permeabilidad a la corrupción de las instituciones, en particular
las encargadas de combatir el delito como la Policía Nacional, Poder Judicial,
Ministerio Público e Instituto Nacional Penitenciario.
También
advertíamos que el entonces recién nombrado ministro del Interior, además de
ser una persona
severamente cuestionada por graves denuncias en materia de derechos humanos,
tenía un comportamiento errático y carecía de un diagnóstico preciso, de estrategia y
rumbo claros, concluyendo que necesitamos instituciones y no salvadores
televisivos que las reemplacen.
En aquella
oportunidad, en vísperas del mensaje presidencial del 28 de julio, demandábamos
que se sinceren las cifras de la criminalidad en el Perú, y se deje de estar
festinando porcentajes y números inventados para cada ocasión.
No se escuchó
la demanda y, tanto en el mensaje a la nación como en las expresiones del
ministro del Interior se manifestaron cifras extravagantes, que no corresponden
a la realidad, probablemente con la intención de disminuir la percepción de
inseguridad de los ciudadanos.
En realidad, una de las pocas cifras
confiables que hay es la del Barómetro de las Américas, cuya encuesta de
victimización realizada en todo el continente revela al Perú en un deshonroso
primer lugar con un 30,6% de ciudadanos víctimas de algún delito, una desmejora
con respecto al 2012 cuando era 28,1%. Es decir, la seguridad ciudadana ha
seguido deteriorándose en los últimos dos años.
Ahora que se ha nombrado al sétimo
ministro del Interior de este gobierno, queremos reiterar nuestra demanda de
sinceramiento de cifras así como repetir nuestras propuestas, en el entendido
que a estas alturas, a poco más de un año del fin del mandato presidencial, al
nuevo encargado de Interior solo le será posible realizar algunos cambios. Aún
así, es importante que, por lo menos, se empiece con algunas las reformas que
se necesitan con urgencia. Y –muy importante- para que esos y otros cambios
tengan permanencia en el tiempo, condición indispensable para su eficacia,
requerimos de un compromiso firme y explícito de los candidatos presidenciales
para que, cualquiera sea el ganador de las elecciones de 2016, se continúe con
una política que pueda hacer retroceder a la delincuencia y traer tranquilidad
al pueblo peruano. Con ese propósito, insistimos en algunas propuestas básicas:
Urge declarar en
reorganización a la Policía Nacional, sin duda depurarla, pero también revisar el modelo de policía altamente militarizada y de comportamiento predominantemente reactivo, por una organización policial con alta dosis de compromiso ciudadano, parte de la urdimbre social y definitivamente de carácter civil, compatible con los esfuerzos por consolidar la democracia. En ese marco, asimismo, fortalecer los mecanismos contra la corrupción interna, producir cambios
significativos en la gestión de sus recursos, incentivar el profesionalismo y
la evaluación del personal por resultados.
Urge, fortalecer
todas las comisarías, dotarlas de conectividad y medios de comunicación; así
mismo, distribuir y desplegar nuestros efectivos en las calles con una
perspectiva comunitaria, en estrecha coordinación con los serenazgos, bajo el
liderazgo real de los alcaldes, para combatir el crimen común usando
mejor lo que ya tenemos. Para ello y otros propósitos igualmente importantes, en el marco de una política integral de recursos humanos y mejora del bienestar policial, se debe eliminar el
trabajo a medio tiempo de los policías, también conocido como 24 x 24.
Urge, adicionalmente,
crear pequeñas unidades de élite para la inteligencia, investigación y combate
eficaz al crimen organizado, que sean altamente selectivas en su composición,
que privilegien la honradez y el profesionalismo de sus miembros, con recursos
y tecnología suficientes, y que se premien sus resultados.
Urge, igualmente,
rediseñar y fortalecer fiscalías y juzgados
especiales para la investigación y la sanción penal del crimen
organizado, los que deben ser dotados de personal calificado ética y
profesionalmente y de recursos suficientes.
Urge, además, la
construcción de más penales que hagan posible una efectiva clasificación de los
presos, aislando a los incorregibles. Asimismo, aplicar medidas alternativas a
la prisión para delitos menores.
Urge, en fin,
un amplio plan nacional de prevención de la delincuencia principalmente
dirigido a los jóvenes en estado vulnerable; plan conducido, financiado, y
evaluado por el estado central e implementado en alianza con los municipios.
El nuevo ministro del Interior ha
declarado una voluntad de concertación y un genuino interés por mejorar la
eficacia y el profesionalismo de la Policía Nacional lo que, de llevarse a la
práctica, redundaría sin lugar a dudas en una mejora de la seguridad ciudadana.
Esperamos que pueda cumplir su propósito sin interferencias.
Asimismo, hacemos un llamado a los
diferentes grupos políticos y candidatos presidenciales a asumir seriamente un
compromiso de lucha contra la inseguridad y de reforma de las instituciones
encargadas de combatir el delito, para garantizar la continuidad de una
política de Estado que pueda revertir el deterioro alarmante de la seguridad
ciudadana que podría llevarnos, más temprano que tarde, a una situación similar
a la que desgraciadamente viven otros países del continente.
