EL MINISTRO URRESTI ESTÁ LOCO O MIENTE Y TE LO EXPLICAMOS CON DIBUJITOS

La semana pasada el ministro del Interior, Daniel Urresti, presentó las cifras de los logros obtenidos en su primer mes de gestión, del 23 de junio al 23 de julio.

Urresti dio cifras increíbles. Desde asegurar que se cumplirá con llegar a los 30 mil policías –anunciado por el presidente Ollanta Humala en el mensaje de 28 de julio–, hasta que se habrían incautado 14 mil vehículos, detenido más de 17 mil personas, desarticulado casi 500 bandas y, una de las cosas más sorprendentes, decomisado cerca de 60 toneladas de droga.

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Publicado en la web Utero.pe el 19 de agosto del 2014.

Las multiplicaciones de Urresti

Ha llamado la atención desde que fue designado ministro del Interior.  De inmediato pasó por muchos de los medios de comunicación en los que maleteó a sus predecesores en el portafolio y afirmó que con él todo sería distinto. Luego –en medio de sus shows mediáticos– generó críticas e indignación al conocerse que era procesado por el asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos. Se defendió, Ollanta Humala le dio la bendición y afirmó que goza de presunción de inocencia. Y él siguió yendo y viniendo, convocando a las cámaras, aturdiendo a la opinión respecto a su condición en el caso de Bustíos (la semana pasada afirmó que es inocente), desprestigiando a los hombres de prensa que no comulgan con su forma de trabajar o cuestionan su ética.

Sin embargo, las encuestas lo ponen como el ministro más popular del actual gabinete. Incluso se dice que por su causa el jefe de Estado ha visto subir la aprobación de su gestión. Y él ha continuado convocando a conferencias de prensa en la que ha mostrado armamento, ha hablado de desmantelamiento de bandas, de incautación de madera ilegal, de carros enviados al depósito, de detenidos, etcétera. Algunos se preguntan si en cada conferencia no se intercambian las armas para presentarlas ante los periodistas. Inquieren por qué no atrapa a Rodolfo Orellana, Martín Belaunde y Benedicto Jiménez. Lo cuestionan y dicen que también tiene presunción de verdad.  ¿Cuánto de cierto hay en que Daniel Urresti hace algo y que los anteriores ministros no hicieron nada?

“Lo que está haciendo es un despliegue mediático enorme, lo que preocupa es como parte de esto él usa informaciones inexactas, juega al artilugio, al engaño, al 'puntero mentiroso'. Dice cosas que no tienen asidero, confunde erradicación de droga con incautación de droga (él considera las plantas que erradica como si fueran kilos de droga), y hace valer la información como tal”, afirmó Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y presidente de la ONG CHS Alternativo, a Rosa María Palacios en Radio Exitosa. 

 A continuación, algunas inquietudes frente a lo que anuncia el ministro.

Tocando madera

Urresti ha pirateado el operativo de madera 'Salto de rana', que en marzo de este año se había ejecutado. Según Urresti, ha incautado más de 20 millones de pies tablares de madera, el 30% de las concesiones de madera de Loreto. "Para hacer eso ¡habría que utilizar 2,000 días para medir esa cantidad! Lo que ha hecho es 'triplicar' el dato de comienzos de año, además sólo se ha inmovilizado no se ha incautado", dice Valdés. No resiste análisis técnico.

Delincuencia

Por otro lado, dice que en un mes ha desarticulado a más de 4,700 bandas. Sin embargo sólo ha decomisado 600 armas. “Banda es más de dos personas”, ha dicho el ministro. Para Valdés, nos están contrabandeando cifras, en las que no se diferencia entre calidad y cantidad. “Es como comparar el fútbol profesional con el fulbito de barrio”. Es imposible detener a tanta gente. Según datos oficiales, cuya fuente es la Policía Nacional, en el 2013 hubo 93,00 detenciones. ¿Cómo hizo Urresti para detener a tantos en sólo un mes? ¿Se ha construido por lo menos un par de cárceles para estos detenidos? ¿dónde están? "Urresti vuelca su hiperactividad en las cifras que da, las multiplica por tres, hace que todo tenga un volumen enorme. Lo que le importa es que haya una falsa percepción de seguridad: no importa que nos roben, sino que percibamos que no nos están robando", anota el experto. ¿Realmente hay una mejora en la lucha contra la delincuencia? Lo que se debe exigir es el acceso a las cifras, si es que las hay.

Vehículos al depósito

También ha afirmado que ha enviado 16,000 carros al depósito en un mes. Sólo hay cuatro depósitos en Lima. “El es un experto en escenografía visual. Dice 'aquí tengo la lista'. Estoy seguro de que él mezcla los carros que se llevan a las comisarías, pero éstas no son depósitos. No existen 129 depósitos”.  ¿Resolverá esta carencia con dinamita? ¿En verdad piensa usarla para huecos en la tierra y hacer depósitos?

Capitán explosivo

Su gusto por la dinamita y los explosivos forman parte de su perfil. Le gustan los explosivos y patear las cabezas de los delincuentes. "No le importan los derechos humanos. Incluso tiene una denuncia en Madre de Dios por haber dinamitado dragas que sí eran legales. Se olvida que vivimos en democracia. Me preocupa su personalidad que atropella, sin ningún respeto de las leyes, a los gritos, sin normas de convivencia. Qué curioso que Bustíos haya sido asesinado con explosivos", finaliza Valdés.

A tomar con pinzas los números del ministro.

Publicado en La Mula el 18 de agosto del 2014.

“Cifras de Urresti crean un falso clima de seguridad”

Cada vez que puede, el ministro del Interior, Daniel Urresti, resalta las cifras que va logrando como resultado de su gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Sin embargo, esta data ha sido mal vista, en este caso por el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien dijo que Urresti está creando “un clima de falsa percepción de seguridad ciudadana”.

A la vez, lo llamó “ministro mentiroso” porque, a su juicio, muestra “cifras infladas”. Valdés sostuvo que el titular del Interior “está haciendo un despliegue mediático enorme, pero preocupa que use como palanca informaciones inexactas”, apuntó en Radio Exitosa.

Además acusó a Urresti de haberse acreditado del operativo “Salto de Rana” de su antecesor Walter Albán, para combatir la tala ilegal. “Hemos encontrado que (Urresti) se ha pirateado el famoso operativo “Salto de Rana”, al que lo pone como éxito y donde dice haber inmovilizado 28 millones de pies tablares de madera, que representan un tercio de todas la concesiones de Loreto. Son cosas que no tienen ni pies ni cabeza”, reveló.

Además, el ex viceministro comentó que Urresti tiene por práctica “triplicar” las cifras de los avances de su gestión.

Publicado en Gestión el 19 de agosto del 2014.

Por principios y convicciones

Por: Carlos Basombrío 

El ministro Urresti es por lejos el más popular del gabinete y arrastra al alza a Humala y Nadine. ¿Significa esto que nos equivocamos en cuestionarlo? Desde mi punto de vista, no. Creo que estamos haciendo lo correcto y ello se funda, a la vez, en principios y en convicciones.

Para mí es una cuestión de principios rechazar que en un país democrático haya un ministro del Interior procesado por delito de homicidio en agravio de un periodista. ¿Inocente o culpable? No lo sé, no me compete determinarlo, ni tampoco a los asesores del presidente y, menos todavía, al propio inculpado. Le toca decidirlo a jueces que, por decir lo menos, tienen al frente a un procesado con influencias.

Para mí es inaceptable. Es incluso peor a que tuviéramos un ministro de Economía procesado por evasión de impuestos o uno de Salud por hacer esterilizaciones forzosas. Sin duda, esto habla muy mal de quienes lo nombraron, pero también de la clase política que, con honrosas excepciones, mira el hecho con una tibieza cuasi cómplice.

Pero también me opongo por convicciones. Pese a que Urresti nos ha calificado reiteradamente de ignorantes, malvados y cuanto otro adjetivo ofensivo se le ha venido a la mente, los 12 miembros del Grupo de Seguridad Ciudadana aludidos por Urresti algo conocemos de estos temas. Lo que sé me lleva al convencimiento de que el populismo mediático que ofrece todas las soluciones para el corto plazo, tergiversando cifras a voluntad, pero que no enfrenta los problemas de fondo que están en el origen del problema, no funciona en ninguna parte y es una nueva forma de perder el tiempo.

Como en todos los campos el populismo, al comienzo, rinde mucho cuando hay una población desesperada y urgida por “soluciones”; una que no está muy dispuesta a escuchar sobre la complejidad de las soluciones. Pero los relojes hacen tic, tac, tic, tac…

Publicado en Peru21 el 19 de agosto del 2014.

Ricardo Valdés: “Daniel Urresti le ‘pirateó’ un operativo a Walter Albán”

El exviceministro Ricardo Valdés dijo en radio Exitosa que el titular del Interior, Daniel Urresti, se acreditó el operativo “Salto de Rana” de su antecesor Walter Albán, para combatir  la tala ilegal.

“Hemos encontrado que (Urresti) se ha pirateado el famoso operativo ‘Salto de Rana’ que lo pone como el éxito y donde dice haber inmovilizado 28 millones de pies tablares de madera que representan un tercio de todas las concesiones de Loreto. Son cosas que no tienen ni pies ni cabeza”, reveló.

“Esto forma parte de la exuberancia policial que conozco muy bien, prueba de ello es que Urresti triplicó las cifras en los resultados de este operativo”, agregó.

Valdés considera que Urresti “está haciendo un despliegue mediático enorme, pero preocupa que use como palanca informaciones inexactas”.

“Por ejemplo, confunde erradicación de droga con incautación, y le hace valer la información como tal”, añadió.

Finalmente, Valdés sostuvo que Urresti “hace que todo tenga un volumen enorme, porque piensa que la inseguridad ciudadana es una percepción”.

Nota aparecida en Radio Exitosa el 18 de agosto del 2014.

El efecto Urresti

Por: Gino Costa Santolalla

Múltiples han sido los efectos del nombramiento del general Urresti como ministro. El más obvio, la emergencia del primer ministro del Interior popular en mucho tiempo y su posible impacto en la recuperación de la aprobación del presidente Humala.

Un impacto positivo para el gobierno, pero lo dudo para el país, de cara a dotarnos de una política de seguridad ciudadana seria y eficaz, basada en evidencias y respetuosa de los derechos ciudadanos. Los populismos son siempre dañinos. A continuación, algunos de sus efectos negativos.

El primero, el sacrificio de la verdad y el juego malintencionado con las cifras sobre los logros policiales. El análisis del Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana da cuenta de ello.

La segunda víctima es el diálogo democrático y la concertación política, pues el ministro no acepta la crítica y la descalifica de plano. Es el único que sabe y considera a sus críticos unos ignorantes, pese a que hace solo un año apareció en escena desde el más absoluto anonimato. Hasta entones solo era conocido por quienes habían seguido las largas batallas judiciales para identificar a los responsables del asesinato del periodista Hugo Bustíos, por el que está procesado penalmente.

El tercero es el abandono del esfuerzo por profesionalizar la policía, que pasa por acabar con el 24 × 24 y restablecer la exclusividad del servicio. Hace dos meses el entonces ministro Albán anunció que el 2016 todos los efectivos trabajarían a tiempo completo. Lo único que se dice hoy es que los nuevos policías ya no trabajarán para particulares, pero el resto seguirá a medio tiempo. Otros temas desplazados son la modernización de la gestión y la lucha contra la corrupción policial.

La cuarta víctima es la respuesta multisectorial a los problemas de seguridad. El ministro funge de portavoz de la policía, pero no asume la conducción y articulación de la política, a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Es verdad que la decisión del Congreso de trasladar de Interior a la PCM la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ha generado confusión, aunque Interior sigue siendo el rector del sistema y responsable de su secretaría técnica nacional.

Una quinta consecuencia negativa es la poca efectividad contra el crimen organizado. A pesar de que el ministro afirma haber desarticulado 476 bandas en un mes, en 45 días no ha podido detener a ninguno de los peces gordos, ni a Rodolfo Orellana ni a Benedicto Jiménez ni a Martín Belaunde Lossio ni a Gerardo Viñas Dioses.

Por último, y no por ello menos importante, es grave que Urresti diga que va a destrozarle la cabeza a patadas a la delincuencia. La frase es inaceptable para un ministro del Interior de un gobierno democrático y transmite un mensaje violento y peligroso a la policía. Resulta, además, incomprensible viniendo de quien pide se respete su derecho a la presunción de inocencia en un proceso por un delito de lesa humanidad. 

Publicado en El Comercio el 18 de agosto del 2014.

LA CIFRA DE REQUISITORIADOS CAPTURADOS TAMPOCO CUADRA

Por: Gustavo Carrión Zavala 

Revisando los reportes ofrecidos por el titular del Sector Interior y los anuncios de su accionar en el período que va del 23 de Junio al 23 de Julio del que rige, nos impresionaron las cifras de capturas a requisitoriados por diversos delitos, pues de tener explicación se trataría de un logro sin precedentes.

Nuestra experiencia en temas policiales, nos dice que la media mensual de captura de requisitoriados bordea en todo el país , las dos mil capturas y si el Ministro anuncia que en el período en cuestión logró CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS , estaríamos verdaderamente ante un logro colosal.

Empero, con fines de validar las informaciones recibidas, revisamos el número total de requisitorias grabadas en el 2014, de enero a julio (las requisitorias deben ser renovadas por los jueces cada seis meses, caso contrario automáticamente son suspendidas de la grabación), las requisitorias suspendidas y las capturas que se han efectuado ealmente en el mes del anuncio, nos damos con algunas inconsistencias.

En todo el mes de Junio, incluyendo los 22 primeros días, se lograron capturar 1411 requisitoriados (1243 varones y 168 mujeres); y en el mes de Julio, la cifra de requisitoriados capturados fue de 1590 (1459 varones y 131 mujeres) contabilizados hasta el último día del mes, ergo se consideran en estos datos dos meses . Por una simple adición de capturados en dos meses, tenemos la cifra de 3001 que dividido entre dos meses, nos arrojaría un aproximados de 1500 mensuales, que representa el 25.35% del total anunciado.

No creemos que ex profesamente se aumenten cifras, pues ello generaría en la ciudadanía falsas confianzas que podrían favorecer el accionar criminal, por tanto, nos toca asumir que ha habido un involuntario error en el anuncio o que pueda explicarse mejor el método de cálculo de capturas de requisitoriados.

En notas anteriores, habíamos tocado el tema de cantidad de policías en contraste con la calidad en la formación policial de los mismos, y probablemente con abuso del lenguaje, dijimos que las Escuelas de Formación habían devenido en “fábricas de policías”, pidiendo nuevamente licencia por abuso en la expresión, esperamos que en este frenesí fabril, no se esté recurriendo a la “maquinita” para fabricar requisitoriados inexistentes o se nos acuse nuevamente de descerebrados por cuestionar resultados que deben ser convenientemente acreditados y explicados. Finalmente, si sirve para entender mejor las cifras, podemos mencionar que el acumulado de lo que va del 2014 en cuanto a capturas de requisitoriados por diferentes delitos, arroja la cifra de 10,768 en siete meses, lo que implicaría que más de la mitad se capturaron en el período (un mes) informado por el ministro.

Publicado en el blog Espacio Compartido el 13 de agosto del 2014.

Los increíbles números del ministro Urresti

Si el tema de la inseguridad era, como en varios momentos lo sostuvieron nuestras más altas autoridades, un asunto de percepción, entonces no cabe duda de que el Gobierno hizo el nombramiento preciso llevando a Daniel Urresti al Ministerio del Interior. En menos de dos meses en el cargo, el ministro ha logrado la aprobación del 46% de la ciudadanía, según Pulso Perú. Está claro, pues, que cada vez más peruanos tienen la percepción de que la inseguridad, que antes parecía absolutamente desbordada, ahora está siendo controlada. El don de semiubicuidad desplegado por el ministro desde que asumió el cargo en cuanto operativo policial ocurre está aparentemente rindiendo sus frutos.

Sin embargo, si el tema de la inseguridad en nuestras calles –y casas– responde a una realidad y no a una percepción, no es el caso que los peruanos tengamos mucho motivos para estar más tranquilos con el ministro Urresti que antes. De hecho, los números sobre avances en la lucha contra la delincuencia que hasta ahora ha dado el ministro –quien, según su propia declaración, proveyó al presidente de los que usó en el mensaje del 28 de julio– no solo no parecen estar sustentados en la realidad, sino que parecen incluso teóricamente inviables. Entre otros, el Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana –que forman diversos especialistas en seguridad, incluidos varios ex ministros y ex viceministros del Interior– se ha encargado de poner esto de manifiesto.

Un caso resaltante fue el anuncio de que se habrían desarticulado 4.767 bandas y detenido a 160 mil delincuentes en el último año. Eso implicaría que se hubieran diariamente desarticulado 13 bandas delincuenciales y detenido a 438 personas. Como elocuentemente pregunta nuestro columnista Fernando Rospigliosi (ver artículo del 29 de julio del 2014), ¿cuántos cientos de miles más nos quedan entonces por apresar?

Otro ejemplo fue el anuncio –que el ministro repitió ayer– de que se habrían incautado 14 mil vehículos durante su primer mes en el cargo; es decir, un promedio de 451 vehículos diarios. Otro más, el supuesto decomiso de alrededor 56 toneladas de droga en un mes: una declaración que hace preguntarse por la prodigiosa táctica que se habría seguido para lograr este resultado, teniendo en cuenta que el promedio de decomisos entre enero y marzo fue de 1,3 toneladas al mes. Después, es cierto, el ministro se explicó diciendo que ahora se usa una nueva metodología para contar los decomisos. Pero no se puede decir que con ello haya agregado mucha confiabilidad a la situación.

También ha habido anuncios más sutilmente manipuladores, pero no por ello menos engañosos. Así, el presidente dijo en su mensaje que su gobierno habrá agregado 30 mil nuevos efectivos a la Policía Nacional del Perú (PNP) para fines de este año. Algo que sería cierto, si uno tomase en cuenta el número de graduados anuales que en promedio egresan de la escuela de la PNP: 7.000 efectivos. Pero que se vuelve imposible cuando se agrega a ese dato este otro: según nuestro ya citado columnista Rospigliosi, anualmente se retiran de la PNP alrededor de 4.000 efectivos...

Con todo, tal vez el ejemplo más gráfico de la proactiva contabilidad que parece estar empleando el Gobierno en este tema sea el anuncio de un operativo en el que 50 policías y 18 fiscales habrían decomisado más de 20 millones de pies tablares de madera ilegal en Loreto. Salvo que la madera decomisada haya sido dejada en los depósitos de los ilegales, este operativo hubiera requerido de varios cientos de camiones para retirarla. No está claro si los 50 policías los habrían manejado...

Por supuesto, es posible que al lado de toda su ráfaga de anuncios inverosímiles y su constante afán de dirigir operaciones, de día y de noche, el ministro tenga un auténtico plan que va aplicando calladamente, detrás de todo el despliegue teatral. Puede ser. Pero mientras este no se conozca, no parece haber motivos para la tranquilidad en el tema de la seguridad ciudadana y más bien sí muchos para lo contrario.

Editorial de El Comercio publicado el 13 de agosto del 2014

Seguridad ciudadana: Cifras ofrecidas por el gobierno no cuadran

Las estadísticas sobre seguridad ciudadana dadas a conocer por el gobierno no parecen tener asidero ni consistencia. Pese a que el ministro del Interior, Daniel Urresti, insiste en defender las cifras, luego de un análisis de las mismas, expertos en la materia señalaron que la cantidad de policías que patrullarán las calles, así como el número de personas detenidas, bandas delincuenciales desarticuladas, toneladas de droga y madera decomisada, y los vehículos enviados al depósito resultan arbitrarias y no concuerdan con la realidad.

El cuestionamiento ha surgido del Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, el cual han formado recientemente 13 profesionales –entre ellos varios exministros o exviceministros del Interior– que están preocupados por la complejidad que presenta el problema de inseguridad en el país y por las dificultades del Estado para enfrentar el fenómeno con eficacia.

El exprocurador ad hoc del caso Fujimori-Montesinos, José Ugaz, integrante del grupo de trabajo, dijo que los expertos han determinado que las cifras presentadas por el presidente Ollanta Humala, en su mensaje del 28 de julio, y por el ministro del Interior, Daniel Urresti –al mes de asumir su función–, no pasan el examen mínimo de razonabilidad.

Ugaz señaló a Perú21 que actualmente hay un gran despliegue mediático del ministro Urresti en redadas, operativos contra microcomercializadores de droga o contra la minería ilegal. Sin embargo, se trata de medidas aisladas.

“Parece, más bien, una operación psicosocial para darle tranquilidad a la población, con un ministro que se ve bastante activo, pidiendo cuentas a los policías, exigiendo y dirigiendo, pero estas acciones no están articuladas con un plan orgánico que priorice las acciones de inteligencia contra el crimen organizado”, comentó.

PLAN SIN AVANCES

Al respecto, el exviceministro del Interior y presidente de la ONG CHS Alternativo, Ricardo Valdés, recordó que el año pasado el presidente Ollanta Humala oficializó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, el cual contiene una serie de estrategias para enfrentar el fenómeno delincuencial. No obstante, indicó que dicho plan hasta el momento presenta un avance de 0%.

Valdés refirió que, en su diagnóstico, el plan reconoce la grave situación en que se encuentra la Policía por la mala infraestructura de las comisarías, ya que en el 52% de ellas no se pueden ejecutar obras de mejoramiento debido a la falta de títulos de propiedad.

El plan también admite la falta efectivos en las calles, pues, aunque se cuenta con 34,805 policías para las 1,397 comisarías que existen en todo el país, solo el 30% patrulla, es decir, unos 12 mil agentes. “Si se tiene en cuenta que por el sistema 24X24 la mitad de ellos descansa, resulta que hay solo 6 mil policías patrullando diariamente el país, lo cual es insuficiente”, dijo Valdés.

Pero eso no es todo. En su diagnóstico, el plan también refiere que el 40% de las comisarías no tiene computadoras operativas y, dentro del 60% que sí las tiene, el 70% no tiene conectividad. Lo peor de todo es que ocho de cada 10 comisarías no están interconectadas y, de las que sí lo están, el 87% no tiene acceso al sistema de denuncias policiales.

“Eso quiere decir que solo 30 comisarías del país cuentan con la capacidad para verificar de inmediato una denuncia. Entonces, tenemos una policía deficiente que no tiene infraestructura ni capacidad de gestión porque no tiene los mecanismos para funcionar rápido; y ahí es donde tiene que invertir el gobierno. De nada sirve comprar helicópteros mientras estos temas de conectividad no se resuelvan”, sostuvo el experto.

POLICÍAS IMPROVISADOS

No obstante, la Policía Nacional enfrenta más problemas. Para el exministro del Interior y dos veces presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Gustavo Carrión, otro tema de prioridad en el que debe trabajar el gobierno es la corrupción que existe en la institución. Frente a ello, consideró que se debe invertir más en la calidad de la preparación y formación de los policías, que cada vez salen más rápido de las escuelas sin la formación debida.

“Para cumplir una meta cuantitativa, están fabricando policías apresuradamente. Los sacan tras una preparación de un año y medio, sin darse cuenta de que la calidad de la formación es pésima”, dijo.

Carrión manifestó que eso agrava el tema de la inseguridad, “pues un policía mal seleccionado y mal preparado constituye un riesgo adicional a la seguridad, ya que no tiene la pericia para desempeñarse eficientemente y tampoco la serenidad y el equilibrio emocional que requiere la función policial”.

Sin embargo, enfatizó que ningún diseño va a tener éxito si se sigue con una Policía contaminada. “Ningún plan dará resultados si la institución no es sanada de la corrupción, y para ello debería haber una intervención desde afuera. Podría ser con una comisión de notables externos que ejecuten una evaluación de la institución y paralelamente diseñen planes para enfrentar la criminalidad”, puntualizó.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma refirió que lo más importante en el tema de la seguridad ciudadana es trabajar de forma articulada entre los sectores Interior, Justicia, así como con el Poder Judicial o el Ministerio Público.

“Es claro que actualmente no hay una política de Estado en este tema y esta ausencia de políticas concertadas genera que todos los esfuerzos aislados se trunquen. Esa es una responsabilidad básica que corresponde al Poder Ejecutivo y debería asumirla”, anotó.

¿QUIENES INTEGRAN DICHO GRUPO?

El Grupo de Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana lo integran los exministros del Interior Fernando Rospigliosi y Gino Costa, el exdirector de la Policía Gustavo Carrión y los exviceministros del Interior y expertos en temas de seguridad Ricardo Valdés y Carlos Basombrío.

También se encuentran el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, y el exprocurador ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos, José Ugaz Sánchez Moreno.

Además, los especialistas Rubén Vargas, Jorge Nieto Montesinos, Ricardo Uceda, Rafael Fernández Stoll, Rocío Villanueva y Manuel Boluarte.

Publicado en Perú21 el 9 de agosto del 2014.

¿JUGANDO CON LAS CIFRAS?

Por Gino Costa:

Las cifras sobre seguridad presentadas en el mensaje presidencial tuvieron por objeto magnificar la labor gubernamental en lugar de dar cuenta con objetividad de la situación real que enfrentamos.

Lo mismo ocurrió con las cifras ofrecidas por el ministro del Interior al cumplir su primer mes de gestión. Como muestra un botón: en un solo mes la policía habría decomisado 55.997 kilogramos de droga, es decir, 56 toneladas, un poco menos que la decomisada en el 2011 y en el 2012 (63 toneladas). Ver más en “Perú 21”, del 9/8/14, páginas 2 y 3.

Las cifras, en realidad, no dan para triunfalismos. Las denuncias de delitos ante la policía pasaron de 506 por 100 mil habitantes en el 2007 a 879 en el 2013, un incremento del 74% en seis años. Las denuncias por faltas también crecieron, aunque en menor medida (15%), pasando de 701 el 2010 a 805 el 2013.

Probablemente este deterioro habría llevado al presidente a abstenerse de compartir con el país su diagnóstico de la situación delictiva. También explicaría por qué la policía dejó de publicar en su web los anuarios estadísticos del 2012 y del 2013, y por qué el Observatorio de la Criminalidad de la Fiscalía hizo lo propio con sus boletines. La falta de transparencia parece contagiosa, pues tampoco se ha dado a conocer el Segundo Censo Nacional de Comisarías 2013 del INEI.

Mientras el Gobierno no da a conocer los datos que le resultan inconvenientes, utiliza otros más alentadores. Es el caso de otra encuesta del INEI que muestra que los niveles de victimización vienen cayendo desde el 2011. Sin embargo, lo hace con cautela, pues la victimización sigue siendo muy elevada y su supuesto descenso va en sentido contrario a los registros policiales y fiscales de denuncias y al incremento en la percepción de inseguridad, que arroja la misma encuesta.

El Gobierno sabe que cambios en la metodología de la encuesta podrían explicar estos resultados, por lo menos en parte, porque las actuales cifras de victimización ya no incluyen los robos de vivienda ni los intentos de robo de vivienda, que si eran considerados cuando comenzó su aplicación en el 2011. Estos cambios y la forma cómo se presentan algunos de sus resultados despiertan suspicacias.

Más allá del aumento o la caída de la victimización, desde el 2006 estamos entre los países con mayor victimización y mayor percepción de inseguridad en el continente, según el Barómetro de las Américas. Revertir esta situación demanda una estrategia bien pensada, que se base en toda la información delictiva disponible, le gusten o no sus resultados a las autoridades de turno.

El afán de magnificar logros, no publicar información inconveniente y eventualmente adulterar resultados es una tentación extendida entre las autoridades, aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que diferencia a los gobiernos serios de los que no lo son es su capacidad para dotarse de una institucionalidad que asegure la independencia y el profesionalismo en la producción y publicación de toda la información delictiva disponible.

Publicado en "El Comercio" el 11 de agosto del 2014.

EXPLOTACIÓN INFANTIL

Por Ricardo Valdés:

Un reciente reportaje publicado en este Diario da cuenta de menores de entre 8 y 12 años trabajando en la extracción ilegal de oro en la región Amazonas. Ello evidencia varios problemas.

El más notorio es que la expansión de la minería ilegal continúa en diversas zonas del país y que quienes dirigen esta actividad ilegal no tienen ningún reparo en sumarle otra, que es la explotación de menores en edades muy por debajo de la edad mínima exigida para trabajar (14 años). La norma además determina que deben ser actividades lícitas y que no expongan a peligro alguno al niño.

Queda claro también que tras estos niños hay adultos con capacidad financiera y logística que se mueven con libertad, pues la presencia de bombas hidráulicas y mangueras, así como de maquinaria pesada como dragas, nos indica que los operadores e inversionistas ilegales pueden recorrer grandes distancias trasladando sus equipos gracias a la falta de control o a la corrupción de las autoridades.

Asimismo, la estrategia que el Estado impulsa para enfrentar la minería ilegal no es sostenible, pues más allá de la exuberancia mediática de algunas operaciones, no hay alternativas laborales para esta población, ni se sabe qué hacer con los mineros ilegales que ahora deambulan como ‘chichiqueros’ (informales dispuestos a todo) en Madre de Dios; mucho menos con los niños o niñas que continúan laboral o sexualmente explotados en la zona, o con los cientos de niños trabajadores en La Rinconada (Puno), Cajabamba (Cajamarca), Caravelí (Arequipa) o, aquí muy cerca, Río Seco (Lima), por citar algunos ejemplos.

El Estado Peruano ha avanzado en los últimos años con la suscripción de diversos convenios internacionales para proteger a la infancia, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 138 (sobre la edad mínima de admisión al trabajo) y 182 (sobre las peores formas de trabajo infantil). También disponemos de normas nacionales protectoras de la niñez y de estrategias y planes de obligatorio cumplimiento, como la Ley General de Inspección al Trabajo, la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021, el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 o el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, entre otros.

Sin embargo, toda esta buena disposición para frenar la explotación infantil se frustra por falta de recursos para su implementación, por una limitada visión sistémica de la acción del Estado que incorpore a los gobiernos regionales y locales, así como por la escasa infraestructura de soporte, entre diversas razones.

No debemos olvidar que somos un país con alrededor de 70% de la población económicamente activa (PEA) en la informalidad, con más de dos millones de niños trabajadores según la OIT, y con alrededor de 600 mil niños trabajando en la minería informal al 2011, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). ¿Qué hacer? Menos bulla mediática y más recursos y acciones concretas para enfrentar la explotación infantil; menos dinamita y más estrategia social y económicamente sostenible para enfrentar la minería ilegal en todo el país. 

Publicado en "El Comercio" el 11 de agosto del 2014.

Respuesta a Urresti: CIFRAS CONSISTENTES PARA UN DIÁLOGO PRODUCTIVO

Señor general (r) Daniel Urresti

Ministro del Interior

Ante su invitación a dialogar sobre los problemas de la seguridad ciudadana, como reacción a nuestro pronunciamiento del viernes 18 de julio, al que titulamos Liderazgo y voluntad política para la seguridad ciudadana, hecho público en vísperas del discurso del Presidente de la República ante el Congreso, le señalamos que, dado que nuestro pronunciamiento iba dirigido como un llamado al Presidente, en respeto a su investidura, esperaríamos su mensaje y según él fijar un punto de vista. Nos hemos reunido y esta es nuestra respuesta. 

Acaso convenga volver a reiterar quienes somos. Dijimos en nuestro pronunciamiento “nos constituimos como un grupo ciudadano que se esforzará por hacer el seguimiento acucioso de la crisis de la seguridad ciudadana, sensibilizar a las instituciones y la opinión pública sobre la gravedad de la situación y exigir a las autoridades cumplir con seriedad las responsabilidades que han asumido.”  

Solo somos un grupo de ciudadanos. Nada más. Ni defendemos ninguna gestión anterior, ni tenemos ninguna adversidad especial con la actual. Queremos asumir el deber de hacer un “seguimiento acucioso de la crisis de la seguridad ciudadana que nos agobia”, pero también ejercer nuestro derecho de exigir a las autoridades un tratamiento serio y responsable del tema. No debe olvidarse: los mandantes somos los ciudadanos, las autoridades, aun las de más alto nivel, solo son mandatarios. Y sí, pedimos cuentas, sin animadversión ninguna, pero pedimos cuentas. El buen salario que se les paga se devenga de los impuestos de todos. Tenemos derecho a exigir resultados.

El problema de la inseguridad y del crimen es un problema muy serio. Están en juego la vida, la paz, la seguridad y el patrimonio de todos nosotros. Eso está en el origen del pacto estatal y de la vida civilizada. No estamos dispuestos nosotros, ni juntos ni cada uno por separado, a hacer de esto un torneo de puyas o denuestos, más o menos vulgares, a ironías fáciles, que deriven en espectáculo para las tribunas. No. Solo queremos discutir seriamente el problema: sus indicadores, la idea estratégica, un plan. Invitamos a todos a hacerlo así, dándole a este intercambio la seriedad que de verdad merece la seguridad de los peruanos. 

En nuestro documento inicial le pedíamos al señor Presidente de la República sincerar las cifras de la criminalidad en el Perú, en el nivel en que se encuentren. A cambio de ello hemos recibido lo mismo que habíamos percibido con anterioridad y que había generado nuestra preocupación: cifras falsas o engañosas o inverosímiles. En documento anexo le hacemos llegar nuestra lectura de ellas. Sabemos que, cuando menos en un caso, el asesor presidencial en materia de seguridad ha tomado distancia de la misma. Un “error”, ha dicho. Pero la incluimos porque le hemos escuchado a usted a través de la televisión intentar validarla nuevamente. En tal sentido le pedimos, antes de sostener cualquier conversación directa –a la que por otra parte estamos como grupo totalmente dispuestos- nos haga llegar el detalle de las cifras de las que hablamos. Solo un diálogo fundado en un piso común de información compartida, en el nivel en que se encuentre, puede ser relevante y productivo. Usted la ha entregado en parte a la prensa, o cuando menos ha dado la imagen de entregarla. Nos comprometemos a revisarlas cuidadosamente y hacerle saber nuestra opinión.

También solicitamos en nuestro comunicado ante la inminencia del mensaje presidencial, “un estado veraz de la situación, junto con el rumbo y la estrategia con que habremos de lograr la seguridad ciudadana con gobernabilidad democrática”. No hemos visto eso en el discurso del Presidente ante la representación nacional. Y, luego de decir en un par de oportunidades que no se requería un plan sino acciones, le hemos escuchado a usted decir después que ese Plan ya existe. Ese Plan sería el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. En un segundo documento anexo le hacemos llegar nuestras interrogantes sobre el estado de dicho Plan. Todo lo allí dicho puede resumirse en tres preguntas: ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto y en qué hemos retrocedido? ¿Cómo se piensa ahora resolver el déficit de personal policial disponible que dicho Plan había advertido como preocupación principalísima? En la actual situación, no está demás llamar su atención sobre el Segundo Censo Nacional de Comisarías, de enero del año en curso, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que ofrece información muy relevante, y muy preocupante, sobre el tema que nos ocupa.

Finalmente, señor general (r) Urresti, deseamos que, para cuando se programe la conversación a la que usted nos invita, se incluya también en la agenda de la misma, además de todo lo ya dicho, un punto en el cual nuestro grupo pueda explicarle a usted, con el mayor respeto y cordialidad posibles, por qué consideramos que no debe ser Ministro del Interior. A las razones ya expuestas por la señora Margarita Patiño viuda de Bustíos, queremos reiterarle las que nos llevaron a pedirle al Presidente en nuestro comunicado, su licenciamiento.

Reciba usted nuestro saludo respetuoso.

PRIMER ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013 – 2018

Por Ricardo Valdés Cavassa

Habiendo transcurrido más de un año de la  promulgación de este Plan, algunas inquietudes surgen como consecuencia de lo expresado por el propio Ejecutivo en el documento que se puede encontrar en la página web del Ministerio del Interior. 

Según el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado por DS 012-2013-IN como política nacional el 28 de julio de 2013, en la sección relacionada al diagnóstico  se  afirma que:

-"En la actualidad, las 1397 comisarías existentes en el país cuentan con 34,805 policías, es decir, una tercera parte del personal a nivel nacional. De estos, solo uno de cada tres realiza labores de patrullaje (34.3%)" (Página 73). Por lo tanto, de acuerdo a la cita,  a nivel nacional sólo  11, 939 policías realizan labor de patrullaje. Si le aplicamos el 24 x 24 tendríamos que, en la práctica van a las calles solo  5969 policías a nivel nacional. No se conoce lo que el gobierno ha realizado para revertir esta situación ni cuál es el verdadero número de policías patrullando las calles en el Perú en agosto de 2014.

- "Entre 1989 y 2005, mientras la población nacional se incrementó en 30% el número de policías se redujo en 27%, pasando de 120 mil a poco más de 87 mil. Desde entonces, ese número se incrementó hasta llegar a 106,566 efectivos en enero de 2013, lo que representa un ratio de 286 habitantes por policía. No obstante, el problema reside en el régimen laboral que permite que los policías trabajen para terceros en sus días de descanso a través de los denominados servicios personalizados, lo que impide que la institución haga uso efectivo de su personal para el servicio público" (página 74)

Dos preguntas, si a enero de 2013 contábamos con 106,566 policías...¿llegaremos a 136 mil policías a diciembre de 2014? y,  si el régimen laboral es un impedimento tan importante ¿qué régimen laboral se tiene planeado crear para transformar este problema en una solución para  el servicio público?

De acuerdo a los principales resultados  del Primer Censo Nacional de Comisarías 2012 realizado por INEI y que el Plan de Seguridad Ciudadana  asume como parte de su Diagnóstico hace apenas un año, se presentan las siguientes situaciones (página 74):

            - El 52% de las comisarías no cuentan con título de propiedad, razón por la cual no puede invertirse  en infraestructura de acuerdo a las normas de inversión pública.

             - El 53.3% no cuenta con infraestructura adecuada y en buen estado.  Estamos hablando de 745 comisarías. Se encuentra relacionado al punto anterior. También se menciona que el 46.2 % de las comisarías no dispone de ¡servicios básicos!

          - El 40.7% no cuenta con computadora operativa. También se mencionan  las computadoras obsoletas en esta cifra.

         - El 70.1% no cuenta con conexión propia a Internet. Con lo cual  las computadoras en realidad funcionan como máquinas de escribir con memoria. Es decir de las 828 comisarías  (el 59.3%) que sí cuentan con computadora operativa, sólo 247 tienen conectividad propia, lo que en la práctica se reduce  al 17.7 %  las comisarías  a nivel nacional  que  se encuentran interrelacionadas para enfrentar la inseguridad ciudadana. En otras palabras, más de 8 de cada 10 comisarías  no se encuentra interconectadas. A este problema se le agrega otro ya que aún no se encuentra en funcionamiento el sistema de radio integrado.

Ahora bien, de este reducido número de comisarías con conectividad propia (apenas 247 comisarías):

           - El 87.8% no tiene acceso al sistema de denuncias policiales. Es decir, que  sólo el 12.2 % de las que tienen conectividad pueden verificar en línea el sistema de denuncias policiales, lo cual nos reduce la cifra a 30 comisarías a nivel nacional con capacidad para verificar de inmediato las denuncias, es decir el 2.14 %  de todas las comisarías.

             -El 86.5% no tiene acceso a información de Registros Públicos. Con lo cual  el 13.5 % de las 247 con conectividad, es decir sólo 33 comisarías de las casi 1400 comisarías en todo el país pueden consultar, por ejemplo, la titularidad de los inmuebles bajo investigación.

          -El 61.2% no tiene acceso a la información de RENIEC, o en otras palabras, apenas 95  comisarías pueden consultar y verificar en línea la identidad de las personas mientras que más de 1300 comisarías no pueden verificar la identidad de los detenidos por cualquier delito o falta.

          -El 45.5% no tiene acceso a requisitorias policiales.  En este caso estamos hablando de policías que deben acceder a información policial. Sólo 112 comisarías pueden acceder a las requisitorias policiales. En el caso de las otras 1285 comisarías, por falta de computadoras, o de conectividad o de acceso al sistema de requisitorias ellas no pueden verificar de inmediato si la persona que tienen al frente se encuentra con requisitoria o no.

Estos son sólo algunos ejemplos que el propio Plan Nacional de Seguridad Ciudadana menciona como retos muy importantes. Si ese es el Plan, ¿por qué no hablar de él? ¿De sus indicadores? ¿De sus avances o retrocesos? ¿Por qué entregar otras cifras  de "éxito" si la penosa realidad que debemos modificar ya se encuentra admitida en el Plan? Resulta incomprensible, si es que realmente se ha avanzado en este último año en seguridad ciudadana, que el Presidente no nos haya proporcionado  los avances realizados para revertir la triste realidad de nuestras comisarías y policías a nivel nacional, de acuerdo al Plan que aparentemente guía el accionar del estado en Seguridad Ciudadana.  ¿Es posible que el avance en este último año haya sido nulo o muy pobre?

Publicado en el blog "Espacio Compartido" el 8 de agosto del 2014. 

¿SÓLO CANTIDAD DE POLICÍAS?

Por Gustavo Carrión Zavala

Integro un grupo de ciudadanos preocupados por  la creciente marea criminal y la inseguridad ciudadana 

Nuestro grupo quiere promover un debate que dé luces para resolver el principal problema de la población. Por ello en nuestro primer pronuciamiento, se plantearon algunas cuestiones básicas a ser , por lo menos, abordadas por el presidente Humala en su mensaje al Congreso de la República y a todo el país, con ocasión del aniversario patrio.

En los austeros seis minutos que dedicó a la seguridad ciudadana anunció, entre otros aspectos, que al culminar el ano, el efectivo de la Policía Nacional se incrementaría  en treinta mil policías nuevos, egresados de las veintisiete escuelas de suboficiales desplegadas a lo largo del territorio nacional. Al margen de lo confuso del anuncio, de si se trataba de treinta mil policías más o se refería a policías nuevos, o si la cantidad anunciada se compadece con la realidad, expreso preocupación porque pareciera que la referencia está hecha  en relación a metas cuantitativas de policías, relevando a posiciones subordinadas por no haber sido mencionado, la calidad de estos nuevos policías.

Diera la impresión que se tratara de una “fabrica” de suboficiales a ritmo acelerado en las escuelas con fines únicamente de satisfacer o cumplir una promesa inicial, de lo que no estamos seguros es si los treinta mil nuevos policías (de ser el número real), habrán logrado a través de su formación policial modificar la conducta de ingreso y alcanzado el perfil diseñado para ejercer función policial como suboficial de tercera.

Nuestras dudas y preocupaciones, se refieren básicamente a la incapacidad de la Policía para sostener uniformemente una formación de calidad en la diáspora de escuelas instaladas en las diferentes regiones del país y que la delicada formación que requiere el agente policial que se encargará de mantener la indemnidad de las personas en su vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos, difícilmente se logrará a pasos forzados y con infraestructuras educativas sumamente débiles.

El pensum que corresponde a la formación de suboficiales, en la mayoría de escuelas, es desarrollado por los oficiales que laboran en la jurisdicción donde se ubica la escuela, ergo, en la mayoría de casos se trata de policías que no necesariamente están habilitados para el ejercicio docente y que compensan su falta de capacidad para formar nuevos policías, con la incidencia en formación militar, propia para el entrenamiento de soldados, pero no para policías que deben actuar en cumplimiento de una función de naturaleza civil y al servicio del ciudadano.

Son comunes las ausencias de los instructores designados en  las aulas, al tener que privilegiar el cumplimiento de la función policial a la cual están asignados, optando por delegar en policías bajo su mando para que los reemplacen, leyendo los reglamentos a los alumnos, sin mayor dimensión crítica de la enseñanza.

La trascendencia de esta formación improvisada, es que artificiosamente se hace creer a la ciudadanía que la mayor presencia de policías logrará reducir la incidencia criminal y devolverá niveles apropiados de seguridad. Ello obviamente no viene sucediendo, y si el presente año se completarán los anunciados treinta  mil, obviamente han venido egresando desde el 2011 y que estamos en el tramo final, por tanto deben haber en servicio más de la mitad de la cantidad  anunciada, sin que esta mayor presencia de policías haya logrado revertir la inseguridad que se ha convertido en el principal problema reconocido por la población.

La formación de nuevos policías debe acreditarse y comprobar si alcanzaron el perfil, antes de salir a ejercer una función tan delicada como la que le toca cumplir a la policía y los que ya están en el servicio, comprobar a través de las entidades educativas de la sociedad civil (universidades), si están realmente calificados para seguir cumpliendo la función o requieren de una complementación formativa.

Como un acercamiento a lo que se viene sosteniendo, y basados en estadísticas oficiales, en el caso de una escuela en el norte del país, de la cual han egresado desde el 2011 a la fecha más de trescientos nuevos policías, en el mismo período la violencia se ha duplicado año a año , especialmente en los asesinatos por sicariato, robo agravado y asaltos a personas. Consultados algunos de los nuevos policías sobre su formación, acusan serias deficiencias y confiesan que en todo su período de formación no han disparado más de cinco cartuchos en el mejor de los casos.

Es a estos suboficiales a los que se asignan y/o venden armas de fuego para cumplir su función, sin estar habilitados técnicamente en el manejo de armas ni en la determinación del momento y condiciones de su empleo, habiéndose producido graves incidentes por impericia en el uso de armas.

No se debe perder de perspectiva, que estas coyunturales medidas de incremento apresurado de número de policías, están provocando que estos mal formados policías, no sólo se conviertan en un riesgo de seguridad, ellos permanecerán en la institución treinta años, por tanto lo coyuntural se va convirtiendo en estructural.

La reorganización o refundación de la policía debe entrar a cuestionar el actual agotado modelo de policía militarizada, para dar paso a una institución que responda a las características ciudadanas de la función que le toca cumplir a la policía, entendiendo finalmente que es la policía una institución que promueve la convivencia pacífica y sin puntos comunes con la tarea que corresponde a las fuerzas armadas, que no es otra que la de mantener incólume el territorio nacional, frente a intereses y fuerzas externas.

Publicado en el blog Espacio Compartido el 4 de agosto del 2014.