La responsabilidad principal de la seguridad es del Gobierno Nacional. Para ello
cuenta con la policía, el sistema penitenciario y el Ministerio del Interior, ente rector
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que articula, en los distintos
niveles de gobierno, a los protagonistas de la prevención y persecución del
delito, incluyendo a la fiscalía y al Poder Judicial. Además, Justicia conduce
el Consejo Nacional de Política Criminal, que debe determinar qué conductas se
castigan y cómo.
El Ejecutivo también tiene a su cargo el Tesoro Público, fundamental para asignar los recursos que la seguridad
requiere, y cuenta con ministerios como Educación, Salud, Trabajo y Mujer, con
importantes responsabilidades en la prevención de la violencia y sus factores
asociados, como la deserción escolar, el consumo de alcohol y drogas, el
subempleo, el abuso contra la mujer y el maltrato en el hogar.
En los últimos veinte años, dentro de
los procesos de reforma del Estado y de descentralización, los municipios han
ido adquiriendo un papel cada vez más activo en la provisión de servicios
públicos, que incluyen a los de seguridad ciudadana, principalmente aquellos de
naturaleza preventiva, los que en algunos casos se complementan y en otros se
duplican con los proporcionados por el Gobierno Nacional.
Entre las funciones que hoy cumplen
los municipios están las de garantizar el orden en la ciudad, vigilar y
patrullar el espacio público a través de los serenazgos, prevenir las conductas
transgresoras, gestionar la información delictiva y articular el trabajo de los
actores locales y nacionales en su territorio.
Las capacidades de los municipios,
sin embargo, difieren significativamente, lo que impide que muchos cumplan
plenamente sus responsabilidades en el marco de la política nacional de
seguridad ciudadana. También dificulta su tarea la descoordinación con las
instituciones nacionales, tanto las del Ejecutivo como las autónomas,
especialmente la fiscalía y el Poder Judicial.
¿Qué se requiere para superar todo ello
y para que los municipios sean el primer muro de contención contra la violencia
y el delito? Quizá el primer paso es aprobar el nuevo reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, cuyo borrador fue preparado durante la
gestión del ministro Pedraza y está listo hace casi un año.
La primera ministra Ana Jara se
comprometió a hacerlo hace una semana en el Congreso. Ojalá que cumpla porque
el proyecto prepublicado en noviembre pasado es una hoja de ruta para la
cooperación del Gobierno Nacional con los municipios en seguridad ciudadana.
En el corto plazo, tres
aspectos son fundamentales. Uno: adecuación de las
instituciones nacionales a la organización política del país, para que la
policía y las instituciones de la justicia penal tengan una presencia y un
responsable distrital. Dos: cooperación policial, que debería traducirse en la
incorporación gratuita de policías a todos los vehículos de los serenazgos.
Tres: financiamiento nacional a las iniciativas municipales de prevención.
Publicado en El Comercio el 1 de setiembre del 2014
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