Las recientes informaciones sobre operativos relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra el delito generan un debate sobre las formas y los contenidos que debe ser
aprovechado para promover en la opinión pública certidumbre y confianza,
componentes imprescindibles de la percepción de inseguridad que el Estado se ha
decidido encarar.
Es
saludable que con este propósito se haya optado por una presencia más activa de
los mandos policiales y del mismo Ministro del Interior en los operativos y por
una relación más intensa con la ciudadanía a través de los medios de
comunicación. Este activismo, en tanto se desarrolle con prudencia, es aliado
del proceso de la recuperación del espacio público por parte del poder público
y más aún si tras las operaciones se encuentran políticas y planes sostenibles
con horizontes más que mediáticos.
En ese
sentido, la desarticulación de bandas, los operativos urbanos y de carreteras y
las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico son bien
recibidos por la sociedad que siente mayor dinamismo de las autoridades. Es el
caso, por ejemplo, de la desarticulación de la banda “La gran familia chinchana”
dedicada durante seis años al cobro de cupos, la extorsión de empresarios y el
asesinato tras la fachada de un seudo sindicato de construcción civil.
Es
igualmente elogiable el reciente decomiso de casi 8 toneladas de cocaína
valorizada en más de 300 millones de dólares, la incautación más grande hasta
ahora, un golpe al narcotráfico internacional y sus conexiones locales que
desnuda la capacidad de aclimatación y movimiento del narcotráfico y su
fortaleza logística.
Estos
logros reales se empañan por dos sesgos que son al mismo tiempo políticos y
comunicacionales. El primero se refiere a la necesidad de reconocer y estimular
el desempeño de la Policía Nacional, una institución que a pesar de sus
limitaciones puede producir resultados de esta magnitud, los cuales no deberían
ser endosados a otras autoridades o por lo menos compartidas con estas para
evitar la sensación del uso político de la lucha contra el delito.
El otro
aspecto sobre el que debe mantenerse austeridad es el manejo de las
estadísticas y la difusión de los logros. El escándalo del anuncio de un
decomiso de 600 kilos de cocaína en la camioneta de un candidato municipal del
fujimorismo, que luego se sabe fue de solo 42 kilos, incautados en una casa
siendo el resto yeso que se presentó como droga, es grave y no debería
repetirse. Sobre todo si la información oficial indica que los errores se
debieron a la premura por entregar la información.
A tono
con las experiencias de otros países, la estadística policial no debe ser
administrada como parte de la gestión personal de una autoridad, sino puesta al
alcance de la opinión pública y actualizada permanentemente. La versión sobre
que en pocas semanas habrían incautado 14 mil vehículos, detenido a más de 17
mil personas, desarticulado 500 bandas y decomisado 60 toneladas de droga es
llamativa pero poco creíble y verificable e induce a la desconfianza sobre
cualquier avance.
En
cambio, la opinión pública sí está dispuesta a considerar una información que
no siendo espectacular exhibe pequeños y pacientes logros cotidianos alcanzados
como consecuencia de dedicación y sacrificio, como los ya comentados, y
premiarlos con la confianza. Es preciso persistir en esa ruta.
Publicado el 4 de setiembre del 2014 en "La República"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario