POR UN MINISTERIO PUBLICO A LA ALTURA DE SUS RESPONSABILIDADES

Según lo dispone la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público es el titular de la acción penal en defensa de la legalidad y de los intereses públicos, representa a la sociedad en juicio, conduce la investigación del delito y vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia (art. 159).

El Fiscal de la Nación preside este organismo autónomo y es elegido por sus pares  - la Junta de Fiscales Supremos - por un máximo de 5 años (art. 158). La Ley Orgánica del Ministerio Público señala por su parte que la autoridad del Fiscal del a Nación se extiende a todos los funcionarios que lo integran cualquiera sea su categoría, es decir, es su líder institucional indiscutible.

El Ministerio Público no siempre fue autónomo. En 1930 se denominaba Ministerio Fiscal y dependía del Ministerio de Justicia. Posteriormente, en 1940 pasó a formar parte del Poder Judicial, siendo recién en 1979 que logra su plena autonomía. Antes de ser considerado un órgano independiente, sus integrantes eran denominados “agentes fiscales” y ocupaban un lugar totalmente secundario en la estructura del proceso así como en la organización del sistema de justicia. Ganaban una remuneración muy por debajo de la de un juez y eran considerados funcionarios de segundo orden, subordinados al Poder Ejecutivo o a los magistrados del Poder Judicial, según fuera el caso.

El primer Fiscal de la Nación del renovado y autónomo Ministerio Público fue el Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos, destacado jurista designado para el puesto durante el segundo gobierno del presidente Belaunde. Luego se sucedieron una serie de Fiscales de la Nación, algunos más visibles que otros. Entre ellos, Elejalde, Catacora, Denegri, Méndez Jurado, Aljovín, Colán, Calderón, Bolívar, Echaiz, Peláez Bardales y Ramos Heredia.

La historia de los Fiscales de la Nación no ha estado exenta de cuestionamientos y escándalos. Los más notorios, curiosamente vinculados a Vladimiro Montesinos, fueron Hugo Denegri, quien lo cobijó como asesor al interior del Ministerio Público posibilitando su reinserción a la vida pública luego de haber sido condenado; Blanca Nélida Colán, incondicional de Montesinos que sometió al Ministerio Público a sus designios y fue condenada a 10 años de cárcel por enriquecimiento ilícito; y Miguel Aljovín, quien luego de ser Fiscal de la Nación pasó a la clandestinidad acusado de haber archivado una investigación contra Montesinos a cambio de una considerable suma de dinero.

Lamentablemente la historia parece repetirse en estos tiempos en los que dos Fiscales de la Nación, el último en funciones, están sometidos a investigación bajo sospecha de haber favorecido a miembros de la familia Sánchez Paredes, sospechosos de narcotráfico y estar vinculados a la red criminal del prófugo Rodolfo Orellana Rengifo y del detenido presidente regional César Alvarez, acusado de corrupción y asesinato.

Parte del problema estructural del Ministerio Público y su liderazgo, parece derivar del sistema de elección de los fiscales. En los últimos tiempos se han documentado investigaciones periodísticas que dan cuenta de pactos debajo de la mesa y manipulaciones al interior del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para posibilitar la elección de ciertos fiscales supremos cuestionados por su falta de independencia, idoneidad y trayectoria institucional, apartándose de criterios meritocráticos.

El sistema de elección de Fiscales en el CNM consta de 3 etapas:

a)Evaluación de conocimiento jurídico. Esta etapa se aprueba con 66 puntos sobre 100 y es cancelatoria, es decir que si no obtiene nota aprobatoria, el candidato sale de carrera

b)Evaluación del Curriculum Vitae. También se aprueba con 66 puntos, pero a diferencia de la anterior, si los candidatos no alcanzan el puntaje mínimo, pueden ser recalificados

c)Entrevista pública al candidato, la que es totalmente subjetiva y sujeta a la discrecionalidad de los consejeros.

El examen de conocimiento fue seriamente cuestionado en las últimas elecciones por varios candidatos, quienes se quejaron de la decisión de hacerlo cancelatorio. Culpan de ello al entonces presidente del CNM, el renunciante Vladimir Paz de la Barra. Según los reclamantes, esta prueba, que no se sabe quién la prepara ni bajo qué criterios, y menos aún, quién califica los resultados, fue manipulada por Paz de la Barra para favorecer a los candidatos de su preferencia, sacando a los competidores de carrera con bajas y arbitrarias calificaciones.

No menos escandalosa fue la evaluación de los CV. Ninguno de los candidatos que aprobó la prueba de conocimiento alcanzó el puntaje mínimo requerido, por lo que fueron “recalificados” y varios de ellos aparecieron con puntajes muy altos que les dieron ventaja sobre los otros. ¿Bajo qué criterios se reconsideró la evaluación de los CV? ¿Qué hizo que un CV que no superó los 50 puntos de pronto fuera recalificado con más de 80? Nadie lo sabe ni lo sabrá porque fue una decisión no motivada.

   

Y aunque parezca broma, una vez que se ha establecido el cuadro de méritos en función al puntaje obtenido, el CNM, por sí y ante sí, puede decidir apartarse del mismo y elegir a los que estime más idóneos para el cargo.

Esta situación se agrava cuando, designados los fiscales supremos, les corresponde a ellos elegirse entre sí para desempeñar el cargo de Fiscal de la Nación. En este caso no hay evaluación de mérito profesional alguno, antigüedad, liderazgo o integridad, sino que se decide en favor de quien haya logrado la adhesión de los dos o tres fiscales que conforman la mayoría. Este sistema no ha estado exento de cuestionamientos y en algunos casos de confrontaciones no muy pacíficas, al punto que en las últimas elecciones motivó la renuncia de la fiscal suprema y ex - Fiscal de la Nación, Gladis Echaiz, así como airadas protestas del fiscal Gonzalo Chávarry, quien amenazó con presentar una acción de amparo contra la decisión de la Junta de Fiscales.

Lo cierto es que hoy la dupla Peláez Bardales – Ramos Heredia ha llevado al Ministerio Público nuevamente a un punto crítico de gran debilidad, falta de legitimidad y desprestigio. Todo parece indicar que ante la negativa de Ramos a renunciar al cargo, salida decorosa a la que se ha negado abiertamente, más pronto que tarde será destituido debido a su aislamiento y a la andanada de críticas de la que es objeto permanentemente. Esta semana ha vuelto a ser protagonista de una decisión controversial y sospechosa, en la que, obviando la abundante evidencia que obra en la investigación, exonera de responsabilidad penal al congresista fujimorista Julio Gagó. Los analistas se preguntan si esta insostenible decisión se debe a que el fiscal Ramos desea ganarse de aliado al fujimorismo ante una eventual destitución o si es parte de un acuerdo con el abogado de Gagó (José Luis Castillo Alva), quien es muy allegado al presidente del CNM, Pablo Talavera, para que le dé una mano cuando la investigación en su contra se decida en esa instancia. Efectivamente, según ha documentado recientemente la revista Caretas, Talavera viajó a Colombia para asistir al matrimonio del abogado de Gagó, donde estuvo presente también el juez que favoreció a los Sánchez Paredes, clientes de Castillo Alva.

La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto?

Resulta difícil de comprender que una institución tutelar encargada de velar por la defensa de la legalidad, la recta administración de justicia y de defender los intereses públicos, hoy se encuentre postrada bajo sospecha de haber sido puesta al servicio del crimen organizado y la corrupción. Es paradójico que el organismo responsable de la investigación criminal, esté arrinconado acusado en la cabeza de sus dirigentes máximos como cómplice de intereses delincuenciales.  

Parte del problema tiene que ver con el sistema de elección de sus autoridades, el que no sólo adolece de legitimidad institucional sino que impide que lleguen a los niveles más altos de la institución quienes mejores méritos tienen para dirigirla con propiedad. Es evidente que el CNM ha fracasado en la selección de los fiscales supremos posibilitando la elección de quienes representan intereses lejanos -- cuando no contrarios -- a los de la justicia. La propia composición del CNM está en cuestión.

El sistema de selección de consejeros ha demostrado ser vulnerable a contaminación por intereses políticos y gremiales corruptos, lo que ha quedado evidenciado con la reciente renuncia de Paz de la Barra. Mientras este consejero ratificaba al fiscal Dante Farro, ahora suspendido en sus funciones por sus vinculaciones con el caso “la centralita” y César Alvarez,  su hijo, quien quedó a cargo de su estudio de abogados, representaba legalmente a César Alvarez en el caso “la centralita. Tamaño conflicto de intereses parece que no fue percibido por Paz de la Barra.

Por otro lado, la falta de transparencia de los procesos de elección de fiscales permite acomodos para elegir no a los mejores, sino a los más funcionales a intereses de determinados grupos.

A ello se agrega el pernicioso proceso en el que 5 fiscales deben elegir cada tres años cuál de ellos va a presidir la institución. Las movidas para neutralizar a alguno enviándolo al Jurado Nacional de Elecciones han sido el espolón visible de un ariete mucho más complejo.

Nada de lo dicho, por supuesto, implica que no haya fiscales idóneos y con liderazgo suficiente para asumir el reto inmenso de reconstruir el Ministerio Público y reconducirlo a los cauces de la justicia. El problema parece ser que están bloqueados por un sistema que sólo permite llegar a los más comprometidos con intereses subalternos.

Una mirada rápida a jóvenes fiscales titulares, permite identificar a una masa crítica de funcionarios institucionalmente comprometidos, con trayectoria, capacidad, integridad  y coraje. Fiscales como Víctor Cubas Villanueva, Jorge Chávez, Eduardo Castañeda, Rosario Wong, Gladys Fernández Sedano, Fanny Quispe, Alcides Chinchay, Iván Quispe, entre otros, deberían estar en la vanguardia del Ministerio Público y tener serias posibilidades de ascender en el escalafón hasta llegar a fiscales supremos y por ende a fiscales de la nación. Creemos que es tiempo de replantear el sistema de selección y promoción de fiscales, así como de designación del Fiscal de la Nación.

Como hemos señalado, hay mucha oscuridad en la propia estructura del sistema de evaluaciones. La elección de fiscales supremos debería ser pública y motivada sin excepciones, tanto en la exposición de los criterios de evaluación, identidad de los evaluadores y motivación de los resultados académicos, como en la calificación de las entrevistas y evaluación de las tachas que se presentan contra los candidatos. Lo ocurrido en recientes elecciones con los candidatos Mateo Castañeda y César Hinostroza, expresa la debilidad del sistema. De no haber sido por circunstancias extraordinarias, ambos personajes, con buenas calificaciones académicas pero muy serios cuestionamientos éticos, por lo que nunca debieron pasar el control de calidad básico, hubieran llegado a ser fiscales supremos y seguramente próximos Fiscales de la Nación.

Las tachas y cuestionamientos graves a un candidato, debidamente fundamentados, deben ser un impedimento para que éste avance en el proceso de postulación, incluso antes de ser evaluado académicamente. En el caso de Castañeda e Hinostroza tuvo que intervenir el nuevo Tribunal Constitucional para enmendarle la plana al anterior – que quiso imponer su designación – y señalar que mientras candidatos cuenten con “cuestionamientos objetivos y de trascendencia sobre su conducta e idoneidad para desempeñar el cargo” (sic), no pueden ser nombrados en dichos cargos, en tanto se mantengan dichos cuestionamientos.”

No existe razón alguna para mantener la elección de un cargo tan relevante como el del Fiscal de la Nación en un grupo tan reducido y plagado de intereses personales como el de los fiscales supremos. Debería pensarse en un sistema de elección basado en la meritocracia, que permita que lleguen a los niveles de dirección los mejores líderes, los más honestos y capacitados. Si se quiere una Fiscalía de la Nación con legitimidad institucional, es necesario revisar el proceso de designación de la alta dirección del Ministerio Público. Aunque no hay sistema perfecto, lo evidente es que el actual ha llevado a la institución a una grave crisis, por lo que deberían ensayarse otras opciones.

Como quiera que un cambio sustancial requerirá modificaciones constitucionales, lo que toma tiempo y requiere de una voluntad política inexistente en este momento, a fin de superar la crisis actual del Ministerio Público, deben renunciar los fiscales Peláez Bardales y Ramos Heredia, quienes han quedado deslegitimados por los indicios que los vinculan al crimen organizado y que han motivado que hoy estén sometidos a investigación. Paralelamente debe procederse a la selección de los nuevos fiscales superiores y supremos a través de un sistema con filtros éticos rigurosos así como el máximo de transparencia posible en la preparación, aplicación y evaluación de las pruebas académicas, CVs y entrevistas personales, respetando el resultado del cuadro de méritos.