POR UN MINISTERIO PUBLICO A LA ALTURA DE SUS RESPONSABILIDADES

Según lo dispone la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público es el titular de la acción penal en defensa de la legalidad y de los intereses públicos, representa a la sociedad en juicio, conduce la investigación del delito y vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia (art. 159).

El Fiscal de la Nación preside este organismo autónomo y es elegido por sus pares  - la Junta de Fiscales Supremos - por un máximo de 5 años (art. 158). La Ley Orgánica del Ministerio Público señala por su parte que la autoridad del Fiscal del a Nación se extiende a todos los funcionarios que lo integran cualquiera sea su categoría, es decir, es su líder institucional indiscutible.

El Ministerio Público no siempre fue autónomo. En 1930 se denominaba Ministerio Fiscal y dependía del Ministerio de Justicia. Posteriormente, en 1940 pasó a formar parte del Poder Judicial, siendo recién en 1979 que logra su plena autonomía. Antes de ser considerado un órgano independiente, sus integrantes eran denominados “agentes fiscales” y ocupaban un lugar totalmente secundario en la estructura del proceso así como en la organización del sistema de justicia. Ganaban una remuneración muy por debajo de la de un juez y eran considerados funcionarios de segundo orden, subordinados al Poder Ejecutivo o a los magistrados del Poder Judicial, según fuera el caso.

El primer Fiscal de la Nación del renovado y autónomo Ministerio Público fue el Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos, destacado jurista designado para el puesto durante el segundo gobierno del presidente Belaunde. Luego se sucedieron una serie de Fiscales de la Nación, algunos más visibles que otros. Entre ellos, Elejalde, Catacora, Denegri, Méndez Jurado, Aljovín, Colán, Calderón, Bolívar, Echaiz, Peláez Bardales y Ramos Heredia.

La historia de los Fiscales de la Nación no ha estado exenta de cuestionamientos y escándalos. Los más notorios, curiosamente vinculados a Vladimiro Montesinos, fueron Hugo Denegri, quien lo cobijó como asesor al interior del Ministerio Público posibilitando su reinserción a la vida pública luego de haber sido condenado; Blanca Nélida Colán, incondicional de Montesinos que sometió al Ministerio Público a sus designios y fue condenada a 10 años de cárcel por enriquecimiento ilícito; y Miguel Aljovín, quien luego de ser Fiscal de la Nación pasó a la clandestinidad acusado de haber archivado una investigación contra Montesinos a cambio de una considerable suma de dinero.

Lamentablemente la historia parece repetirse en estos tiempos en los que dos Fiscales de la Nación, el último en funciones, están sometidos a investigación bajo sospecha de haber favorecido a miembros de la familia Sánchez Paredes, sospechosos de narcotráfico y estar vinculados a la red criminal del prófugo Rodolfo Orellana Rengifo y del detenido presidente regional César Alvarez, acusado de corrupción y asesinato.

Parte del problema estructural del Ministerio Público y su liderazgo, parece derivar del sistema de elección de los fiscales. En los últimos tiempos se han documentado investigaciones periodísticas que dan cuenta de pactos debajo de la mesa y manipulaciones al interior del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para posibilitar la elección de ciertos fiscales supremos cuestionados por su falta de independencia, idoneidad y trayectoria institucional, apartándose de criterios meritocráticos.

El sistema de elección de Fiscales en el CNM consta de 3 etapas:

a)Evaluación de conocimiento jurídico. Esta etapa se aprueba con 66 puntos sobre 100 y es cancelatoria, es decir que si no obtiene nota aprobatoria, el candidato sale de carrera

b)Evaluación del Curriculum Vitae. También se aprueba con 66 puntos, pero a diferencia de la anterior, si los candidatos no alcanzan el puntaje mínimo, pueden ser recalificados

c)Entrevista pública al candidato, la que es totalmente subjetiva y sujeta a la discrecionalidad de los consejeros.

El examen de conocimiento fue seriamente cuestionado en las últimas elecciones por varios candidatos, quienes se quejaron de la decisión de hacerlo cancelatorio. Culpan de ello al entonces presidente del CNM, el renunciante Vladimir Paz de la Barra. Según los reclamantes, esta prueba, que no se sabe quién la prepara ni bajo qué criterios, y menos aún, quién califica los resultados, fue manipulada por Paz de la Barra para favorecer a los candidatos de su preferencia, sacando a los competidores de carrera con bajas y arbitrarias calificaciones.

No menos escandalosa fue la evaluación de los CV. Ninguno de los candidatos que aprobó la prueba de conocimiento alcanzó el puntaje mínimo requerido, por lo que fueron “recalificados” y varios de ellos aparecieron con puntajes muy altos que les dieron ventaja sobre los otros. ¿Bajo qué criterios se reconsideró la evaluación de los CV? ¿Qué hizo que un CV que no superó los 50 puntos de pronto fuera recalificado con más de 80? Nadie lo sabe ni lo sabrá porque fue una decisión no motivada.

   

Y aunque parezca broma, una vez que se ha establecido el cuadro de méritos en función al puntaje obtenido, el CNM, por sí y ante sí, puede decidir apartarse del mismo y elegir a los que estime más idóneos para el cargo.

Esta situación se agrava cuando, designados los fiscales supremos, les corresponde a ellos elegirse entre sí para desempeñar el cargo de Fiscal de la Nación. En este caso no hay evaluación de mérito profesional alguno, antigüedad, liderazgo o integridad, sino que se decide en favor de quien haya logrado la adhesión de los dos o tres fiscales que conforman la mayoría. Este sistema no ha estado exento de cuestionamientos y en algunos casos de confrontaciones no muy pacíficas, al punto que en las últimas elecciones motivó la renuncia de la fiscal suprema y ex - Fiscal de la Nación, Gladis Echaiz, así como airadas protestas del fiscal Gonzalo Chávarry, quien amenazó con presentar una acción de amparo contra la decisión de la Junta de Fiscales.

Lo cierto es que hoy la dupla Peláez Bardales – Ramos Heredia ha llevado al Ministerio Público nuevamente a un punto crítico de gran debilidad, falta de legitimidad y desprestigio. Todo parece indicar que ante la negativa de Ramos a renunciar al cargo, salida decorosa a la que se ha negado abiertamente, más pronto que tarde será destituido debido a su aislamiento y a la andanada de críticas de la que es objeto permanentemente. Esta semana ha vuelto a ser protagonista de una decisión controversial y sospechosa, en la que, obviando la abundante evidencia que obra en la investigación, exonera de responsabilidad penal al congresista fujimorista Julio Gagó. Los analistas se preguntan si esta insostenible decisión se debe a que el fiscal Ramos desea ganarse de aliado al fujimorismo ante una eventual destitución o si es parte de un acuerdo con el abogado de Gagó (José Luis Castillo Alva), quien es muy allegado al presidente del CNM, Pablo Talavera, para que le dé una mano cuando la investigación en su contra se decida en esa instancia. Efectivamente, según ha documentado recientemente la revista Caretas, Talavera viajó a Colombia para asistir al matrimonio del abogado de Gagó, donde estuvo presente también el juez que favoreció a los Sánchez Paredes, clientes de Castillo Alva.

La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto?

Resulta difícil de comprender que una institución tutelar encargada de velar por la defensa de la legalidad, la recta administración de justicia y de defender los intereses públicos, hoy se encuentre postrada bajo sospecha de haber sido puesta al servicio del crimen organizado y la corrupción. Es paradójico que el organismo responsable de la investigación criminal, esté arrinconado acusado en la cabeza de sus dirigentes máximos como cómplice de intereses delincuenciales.  

Parte del problema tiene que ver con el sistema de elección de sus autoridades, el que no sólo adolece de legitimidad institucional sino que impide que lleguen a los niveles más altos de la institución quienes mejores méritos tienen para dirigirla con propiedad. Es evidente que el CNM ha fracasado en la selección de los fiscales supremos posibilitando la elección de quienes representan intereses lejanos -- cuando no contrarios -- a los de la justicia. La propia composición del CNM está en cuestión.

El sistema de selección de consejeros ha demostrado ser vulnerable a contaminación por intereses políticos y gremiales corruptos, lo que ha quedado evidenciado con la reciente renuncia de Paz de la Barra. Mientras este consejero ratificaba al fiscal Dante Farro, ahora suspendido en sus funciones por sus vinculaciones con el caso “la centralita” y César Alvarez,  su hijo, quien quedó a cargo de su estudio de abogados, representaba legalmente a César Alvarez en el caso “la centralita. Tamaño conflicto de intereses parece que no fue percibido por Paz de la Barra.

Por otro lado, la falta de transparencia de los procesos de elección de fiscales permite acomodos para elegir no a los mejores, sino a los más funcionales a intereses de determinados grupos.

A ello se agrega el pernicioso proceso en el que 5 fiscales deben elegir cada tres años cuál de ellos va a presidir la institución. Las movidas para neutralizar a alguno enviándolo al Jurado Nacional de Elecciones han sido el espolón visible de un ariete mucho más complejo.

Nada de lo dicho, por supuesto, implica que no haya fiscales idóneos y con liderazgo suficiente para asumir el reto inmenso de reconstruir el Ministerio Público y reconducirlo a los cauces de la justicia. El problema parece ser que están bloqueados por un sistema que sólo permite llegar a los más comprometidos con intereses subalternos.

Una mirada rápida a jóvenes fiscales titulares, permite identificar a una masa crítica de funcionarios institucionalmente comprometidos, con trayectoria, capacidad, integridad  y coraje. Fiscales como Víctor Cubas Villanueva, Jorge Chávez, Eduardo Castañeda, Rosario Wong, Gladys Fernández Sedano, Fanny Quispe, Alcides Chinchay, Iván Quispe, entre otros, deberían estar en la vanguardia del Ministerio Público y tener serias posibilidades de ascender en el escalafón hasta llegar a fiscales supremos y por ende a fiscales de la nación. Creemos que es tiempo de replantear el sistema de selección y promoción de fiscales, así como de designación del Fiscal de la Nación.

Como hemos señalado, hay mucha oscuridad en la propia estructura del sistema de evaluaciones. La elección de fiscales supremos debería ser pública y motivada sin excepciones, tanto en la exposición de los criterios de evaluación, identidad de los evaluadores y motivación de los resultados académicos, como en la calificación de las entrevistas y evaluación de las tachas que se presentan contra los candidatos. Lo ocurrido en recientes elecciones con los candidatos Mateo Castañeda y César Hinostroza, expresa la debilidad del sistema. De no haber sido por circunstancias extraordinarias, ambos personajes, con buenas calificaciones académicas pero muy serios cuestionamientos éticos, por lo que nunca debieron pasar el control de calidad básico, hubieran llegado a ser fiscales supremos y seguramente próximos Fiscales de la Nación.

Las tachas y cuestionamientos graves a un candidato, debidamente fundamentados, deben ser un impedimento para que éste avance en el proceso de postulación, incluso antes de ser evaluado académicamente. En el caso de Castañeda e Hinostroza tuvo que intervenir el nuevo Tribunal Constitucional para enmendarle la plana al anterior – que quiso imponer su designación – y señalar que mientras candidatos cuenten con “cuestionamientos objetivos y de trascendencia sobre su conducta e idoneidad para desempeñar el cargo” (sic), no pueden ser nombrados en dichos cargos, en tanto se mantengan dichos cuestionamientos.”

No existe razón alguna para mantener la elección de un cargo tan relevante como el del Fiscal de la Nación en un grupo tan reducido y plagado de intereses personales como el de los fiscales supremos. Debería pensarse en un sistema de elección basado en la meritocracia, que permita que lleguen a los niveles de dirección los mejores líderes, los más honestos y capacitados. Si se quiere una Fiscalía de la Nación con legitimidad institucional, es necesario revisar el proceso de designación de la alta dirección del Ministerio Público. Aunque no hay sistema perfecto, lo evidente es que el actual ha llevado a la institución a una grave crisis, por lo que deberían ensayarse otras opciones.

Como quiera que un cambio sustancial requerirá modificaciones constitucionales, lo que toma tiempo y requiere de una voluntad política inexistente en este momento, a fin de superar la crisis actual del Ministerio Público, deben renunciar los fiscales Peláez Bardales y Ramos Heredia, quienes han quedado deslegitimados por los indicios que los vinculan al crimen organizado y que han motivado que hoy estén sometidos a investigación. Paralelamente debe procederse a la selección de los nuevos fiscales superiores y supremos a través de un sistema con filtros éticos rigurosos así como el máximo de transparencia posible en la preparación, aplicación y evaluación de las pruebas académicas, CVs y entrevistas personales, respetando el resultado del cuadro de méritos. 

Daniel Urresti y Hugo Bustíos

Por: Ricardo Valdés

El general Daniel Urresti ha reconocido haber sido el ‘Capitán Arturo’ y haber tenido el puesto de S2 en Castropampa, Ayacucho, cuando militares de su base cometieron el espantoso crimen del periodista Hugo Bustíos. El presidente Ollanta Humala cometió un grave error al decidir correr el riesgo político de nombrarlo ministro del Interior, pues es procesado por homicidio mediato (y no solo denunciado, como afirma el propio ministro).

De ser encontrado culpable, se probaría que el señor Urresti estuvo al tanto o posiblemente contribuyó con la operación que terminó con la muerte del periodista. Ahora, ¿qué hace un S2? Se encarga de las labores de inteligencia y contrainteligencia en una base militar. Es decir, sigue de cerca los acontecimientos que suponen por lo  menos un mínimo riesgo para la seguridad y coordina lo necesario para mitigar ese riesgo. Como bien dijo Carlos Tapia en un artículo publicado en el diario “Perú 21” en julio, “el oficial S2 de una unidad militar es el responsable del área de Inteligencia [... es quien] definía a quiénes deberían capturarse o eliminarse por sospechosos de colaborar con Sendero Luminoso. Nada de esto se hacía sin su consentimiento”.

En ese sentido, que el ‘Capitán Arturo’ haya tenido el rol del S2 hace imposible que un acontecimiento de la relevancia de la ejecución del corresponsal de la revista “Caretas” y representante de los periodistas en Ayacucho no fuera de su conocimiento. El S2 no veía temas de logística, como nos quiere hacer creer el ministro. De hecho, ese rol le corresponde a un cargo distinto (el S4). En esa misma línea, Gustavo Gorriti afirmó en su columna de “Caretas”, al referirse a uno de los autores materiales: “No había forma de que el S2 Urresti no se enterara de lo que aquel hacía, ni de quiénes ordenaron y perpetraron el asesinato”.

Si Urresti es culpable o no, eso le corresponde a los tribunales decidirlo. En todo caso, ahora ya conocemos qué tan cierto es el apego a la verdad que tiene el ministro Urresti (y conocemos también su predilección por los explosivos al sugerir soluciones para acabar con el objetivo, como ha mostrado con sus propuestas para dinamitar, entre otras cosas, pistas de aterrizaje, vehículos que trasladan insumos químicos y dragas).

Del mismo modo, hemos escuchado ya su deseo de “patear las cabezas de los delincuentes”, deseo que, al pasar por encima de la presunción de inocencia, llama particularmente la atención viniendo de quien pide esta presunción para él mismo. El maltrato hacia los periodistas, la prepotencia en sus intervenciones, el afán de tener todo bajo control, la omnipotencia en sus gestos y su postura son características que vienen trazando un perfil que, suponemos, el fiscal a cargo de su proceso tomará en cuenta para decidir si coincide con el perfil o no de quien dio la orden, participó o consintió el asesinato de Bustíos.

Se ha planteado la interpelación al ministro. En el Congreso de la República existen ex miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que conocen perfectamente el rol que le correspondía a un S2 durante la década de 1980. Esos congresistas, de diversas bancadas, tienen ahora un compromiso con su investidura: liderar la interpelación. Son ellos quienes deberán demostrar que para defender la democracia no es necesario manchar con sangre inocente el uniforme. Frente a este problema de fondo, lo de las cifras, las  medias verdades, el yeso y la coca, pasa a un segundo plano.

Publicado en El Comercio el 19 de setiembre del 2014.

“Muertes” y muertes

Por: Jorge Nieto Montesinos

¿Por qué el ministerio del gobierno interior se ha convertido en el ministerio de policía?

Políticamente hablando… ¿de qué mueren los ministros del Interior? Del total de jefes del sector en lo que va del siglo XXI, 40% han muerto de protesta social, 35% lo han hecho de corrupción; y 25% de intriga institucional. La mayoría de ministros del Interior han debido renunciar, o los han renunciado, como resultado de sus límites para enfrentar alguna forma de acción colectiva, generalmente protestas urbanas, las más de las veces contra alguna forma de modernización no pactada. Un segundo grupo, algo menor, ha dejado el cargo por la ansiedad del dinero. A algunos los ha alcanzado el pasado: algún hecho relativamente oculto de sus biografías que, puesto bajo los reflectores, ha sido naturalmente iluminado. Otros no han resistido la tentación de las compras: sobrevaluaciones, comisiones, malas adquisiciones y otras mañas. Finalmente, el tercer grupo, el menor, ha sido alcanzado por la politiquería. Algunos, por la disputas de grupo entre los mandos policiales; otros, por lo mismo pero en palacio de gobierno.

Éste tercer grupo es un accidente del cargo. Como en toda milicia, sus mandos siempre complotarán. Como en todo equipo político –y un gabinete ministerial lo es-, siempre habrá diferencias, ambiciones, envidias. Ejercer el liderazgo es también lidiar con todo eso. El segundo grupo es parcialmente evitable. Aquellos nombramientos “problemáticos” –cuyo pasado “alcanza” al ministro- nos remiten a un descuido presidencial. O no se estudió suficientemente el historial del nombrado; o se consideraron veniales aquellos hechos que el promedio social considera mortales. En ambos casos el error es de quien elige. Éste y el otro subgrupo, el de los “nuevos” pecadores, nos remiten al problema de la corrupción.

Sobre ella, lo he dicho ya antes, Polibio y Salustio, un griego y un romano que escribieron hace más de veinte siglos, dijeron cosas que no han hecho más que repetirse.  Uno, historiador, ubicó el origen de la corrupción en la degeneración de las instituciones. El otro, que hacía sociología sin saberlo, encontró sus causas en el conflicto entre la costumbre y la ley. Después no se han dicho cosas muy distintas: calidad de las instituciones, ética de las personas, creación y distribución de la riqueza económica. Tratando de entender la corrupción norteamericana más reciente Fukuyama, por ejemplo, ha repetido a Polibio: la corrupción contemporánea se origina, ha dicho, en el peligroso debilitamiento del espíritu público y la debilidad creciente del estado. Muy bien viniendo de quien viene. Tema para más adelante. Por ahora interesa recordar que 35% de ministros del interior han dejado de serlo por corruptos.

 Pero es el primer grupo de ex ministros, ese 40 % que ha “fenecido” por protesta social, el que llama mi atención. Debido a los hechos y a los muertos ocurridos recientemente en La Convención, justo cuando la Presidencia del Consejo de Ministros abría espacios de negociación directa con los dirigentes de las movilizaciones, me pregunté en mi anterior artículo si la política del Ministerio del Interior era coherente con la política de la jefa del Gabinete. Quizá la pregunta debería ser otra: ¿Puede haber coherencia entre una y otro? ¿Tiene el Ministerio del Interior los instrumentos para una acción políticamente orientada? ¿No ha sido un error reducir en la práctica un ministerio de gobierno interior a uno de la policía? La prevención –paciente, constante, inteligente- evita la confrontación en la que se pierden vidas. Soluciona. Pacta. Hace política. Hacer crecer en esa dirección el Ministerio del Interior es reconstruir lo público, el estado, la política. Se salvarán vidas. No es metáfora. Vidas.

Publicado en la web El Montonero el 16 de setiembre del 2014.

Cifras inverosímiles

Por: Fernando Rospigliosi

En setiembre de 2014 el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC- del gobierno peruano presentó una nueva versión de la tasa de homicidios en el Perú. Las cifras difieren radicalmente de las que han venido entregando los gobiernos peruanos –incluyendo el de Ollanta Humala hasta el 2012- ante el Observatorio de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el gráfico siguiente, la línea azul representa la tasa de homicidios por cien mil habitantes “antigua” –por llamarla de alguna manera- que entre 2005 y 2011 pasa de 11 a 24.1.

La tendencia coincide con lo que se ha podido observar en la realidad, dado que alrededor de 2008 y 2009 se extienden dos modalidades de delitos casi inexistentes antes, la extorsión y el sicariato, que han cobrado un elevado número de víctimas mortales. También se incrementan los robos violentos y otros delitos que también producen víctimas fatales.

Naturalmente se pueden discutir la exactitud de las cifras, pero la tendencia parece coincidir con la realidad.

Sin embargo, los nuevos datos del gobierno son, a todas luces, inverosímiles (línea roja). El recalculo de la cifra del 2011 pasa de 24.1 a 5.4, es decir, una quinta parte del anterior. El primer dato pudo estar quizás exagerado pero ¿a tal punto? Muy difícil de creer.

En segundo lugar, parece evidente que la tasa de homicidios ha aumentado desde 2008 y 2009 por las razones expuestas. Si el 2011 la tasa era de solo 5.4 ¿cuánto era una década atrás? ¿Acaso teníamos tasas holandesas o japonesas de 1 ó 0.3? Es absurdo, difícil de creer.

Las mismas cifras oficiales de aquella época muestran tasas de entre 4 y 5 homicidios por cien mil habitantes a principios de la década pasada. Es asombroso que esa misma tasa se mantenga hasta el 2011.

Por último, las cifras actuales nos sitúan en el continente con una tasa de homicidios inferior al e países tradicionalmente más pacíficos, con menos delincuencia y violencia –y que no son los primeros productores de cocaína en el mundo- como Uruguay y Costa Rica. Inverosímil.

Al parecer el gobierno quiere cambiar la percepción de inseguridad presentando cifras que nos hagan percibir que estamos en el mejor de los mundos.

Falta mayor labor de inteligencia

Publicado en la revista Somos el 13 de setiembre del 2014

Lo que Urresti no hace

Editorial de El Comercio

El ministro Urresti ha dicho que ya no dará cifras luego de las operaciones que encabeza diariamente, aquí y allá. De ahora en adelante, se limitará a las estadísticas oficiales. No tiene sentido seguir con las otras cifras, ha explicado, porque sirven para que se le intente “pintar” como un mentiroso. Y tiene razón, no tiene sentido seguir con ellas. Pero no tanto porque sean utilizadas por algunos oportunistas para pintarlo como alguien que no dice la verdad, sino porque ellas solitas, en su a menudo gruesa inverosimilitud, lo han pintado así. 

Lo que sí no ha detenido el ministro es el energético despliegue que le permite encabezar cuanta operación se lleva a cabo en la ciudad. Esto también tiene sentido (político, al menos). Aparentemente esa ubicuidad  ha logrado transmitir a la población la sensación de que el ministro es algo parecido a los superhéroes que en las grandes historietas del pasado – y las películas del presente– cuidaban la ciudad. Es difícil explicar de otra forma que en menos de dos meses en el puesto el ministro a cargo del tema sobre el que se concentraban las quejas más grandes de la población tenía ya una aprobación del 46%.Si Ciudad Gótica puede dormir tranquila es porque Batman está ahí, siempre atento, velando por ella. 

Tampoco ha parado el ministro Urresti su tendencia a disparar medidas efectistas (para efectos de la opinión ciudadana, no sabemos si también para los delincuentes). Muchos asaltos se cometen con armas con licencias robadas o en autos con lunas oscuras. Por ello,  el ministro ha anunciado que se prohibirán las armas en manos civiles y los autos con lunas oscuras. Como bien ha escrito el ex viceministro del interior Ricardo Valdés,  si proliferasen en Lima (y esperemos que ello jamás suceda) los atentados con sicarios en motos, veríamos las motos prohibidas.

Mientras tanto, sigue sin saberse mucho de los planes de fondo del ministro. Ha vuelto a presentar el plan de seguridad ciudadana del 2013, pero no se sabe si ahora este se comenzará a ejecutar seriamente o si le ocurrirá más bien lo mismo que a aquellas obras públicas donde cada cierto tiempo una autoridad diferente pone la primera piedra. Particularmente, preocupa saber si el ministro tiene alguna estrategia para mejorar la serísima situación del instrumento más importante con el que se cuenta para ejecutar cualquier plan de seguridad ciudadana: la Policía Nacional (PN).  Sobre la PN, más allá de una buena idea para profesionalizar la gestión de la institución (pasando a labores de seguridad a los miles de policías que actualmente se dedican a labores administrativas), el ministro solo ha hecho anuncios de aumentos de números. Se habrán graduado 53.300 nuevos policías al término de la gestión de Humala, se enviarán dos mil nuevos policías en los próximos dos años al norte, etc. El problema, sin embargo, es que, como están las cosas, la multiplicación de los policías tendría que ser un motivo más de preocupación que de tranquilidad para los ciudadanos. 

De acuerdo con la recientemente publicada última edición del Ránking de Competitividad Global, la policía peruana es, de lejos, una de las que tiene servicios menos confiables (por su probidad y por su eficacia) de las 144 policías nacionales analizadas (concretamente, tiene el puesto 137; es decir, solo 7 de las 144 inspiran menos confianza que la nuestra). Una información que, al margen de los muy meritorios casos de excelentes policías que tenemos, no debe  sorprender a nadie. Piense, por ejemplo, en si usted se siente tranquilo cuando lo detiene la policía mientras transita por las calles.

Lo peor es que la situación  no tiene visos de mejorar en el corto plazo. El anuncio del ministro Urresti sobre el número récord de policías que se graduarán en los próximos años se debe a que cada vez se hace pasar menos tiempo a estos en las, por demás, muy mal provistas escuelas policiales (muchos, de hecho, se gradúan en un año, en lugar de los tres que supuestamente dura la carrera). Por otro lado, no se sabe de ninguna reforma de fondo que, al tiempo que haga que nuestros policías estén bien pagados e imponga un auténtico sistema de meritocracia en la institución, pueda fortalecer los órganos de control interno y los sistemas de denuncia ciudadana para combatir la corrupción policial. 

El cambio de la seguridad en el Perú tiene que comenzar por la PN. Está claro que, más allá de las cifras que el actual ministro siga dando o no, ningún esfuerzo que se haga por la seguridad en el Perú será confiable mientras que su policía no lo sea.  

Publicado en El Comercio el 14 de setmbre 21

Gobierno y narcotráfico

Por Fernando Rospigliosi:

El gobierno de Ollanta Humala se ha mostrado muy activo denunciando la relación del narcotráfico y la política cuando están involucrados real o aparentemente sus opositores. Pero marcha con pies de plomo cuando se trata de su propia gente.

Nuevamente Américo Zambrano de Caretas ha encontrado otro hilo de la madeja en el caso de las toneladas de cocaína encontradas en Huanchaco, Trujillo. Resulta que el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres (no se sabe si es su verdadero nombre) que entraba al país desde el año 2012, tuvo apoyo del Superintendente de Migraciones, el ex congresista humalista Edgard Reymundo, para realizar en tiempo record trámites que a cualquiera le demoran meses.

El 13 de marzo de 2013, según Caretas, el narco mexicano pidió una “autorización especial para firmar contratos”. Se la concedieron al día siguiente.

La tarde del 20 de marzo de 2013 el mexicano pidió cambiar su calidad migratoria de turista a trabajador residente. El 25 de marzo, en tres días hábiles, obtuvo lo que quería, a pesar que le faltaban algunos documentos. Según revelaron funcionarios de Migraciones al periodista Zambrano, alguien llamó a Reymundo para pedirle u ordenarle que hiciera eso, y él a su vez se lo exigió a los encargados del trámite.

Reymundo renunció a Migraciones a principios de año para postular a la presidencia regional de Junín. 

El congresista toledista José León, aliado del gobierno, que le arrendaba la casa al narcotraficante mexicano, dijo que no lo conocía hasta que Caretas publicó el video filmado por la policía donde se le ve conversando con él. Ahora admite que visitó la casa cinco veces y conversó sobre seguridad ciudadana con su inquilino.

Cuando los policías de la Dirección Antidrogas de Lima que investigaban el caso se acercaron a la comisaría de El Milagro, donde estaba ubicado el depósito de carbón y de cocaína, el comisario les dijo “mejor ni voy por allí porque al rato están llamando desde el Congreso”.

En suma, hay indicios de que el narcotraficante mexicano tenía muchas influencias en el Estado que le agilizaban los trámites para montar la cobertura que necesitaba y lo desembarazaban de miradas indiscretas.

Pero en este caso, que según el gobierno es el del mayor cargamento de cocaína descubierto en la historia, no se ha escuchado ni al congresista Sergio Tejada, activo acusador de Alan García por los “narco indultos”, ni al ministro del Interior Daniel Urresti, que denunció falsamente al candidato fujimorista de Barranca, pronunciarse sobre Reymundo ni sobre León.

Y a propósito de Urresti, el domingo pasado Graciela Villasís de Cuarto Poder de América TV, reveló que en el caso del supuesto arsenal decomisado detrás de palacio de gobierno y del armero detenido, presentado por Urresti el 28 de agosto, estaba teñido también de medias verdades y falsedades completas.

Lo que ocurrió, en síntesis, es que ese día la policía encontró algunas armas ilegales en un hostal en el Rímac cerca a palacio de gobierno, a eso de las 7 de la mañana, pero no capturó a nadie. De acuerdo a fuentes policiales, Urresti, desesperado por presentar resultados –reales o supuestos- todos los días, presionó para que detengan a alguien, a cualquiera, para poder mostrar otro éxito.

Así, la policía arrestó a un conocido, el capitán PNP (r) Jesús Chávez Sifuentes, que fabrica prototipos de armas para el Ejército y la Policía, poco después del mediodía. De esta manera, a eso de las 3 de la tarde Urresti pudo presentar en conferencia de prensa las armas decomisadas en el Rímac junto a los prototipos incautados al armero, haciendo una mescolanza con dos asuntos sin relación alguna e involucrando a Chávez en delitos graves.

Chávez, según sus familiares, perdió una pierna en una operación de desactivación de minas en torres de alta tensión con la Marina de Guerra, a principios de la década pasada. Lo que encontraron en su taller son prototipos de armas para el Ejército, escopetas de aire comprimido, una pistola de fogueo y un par de armas malogradas, con licencia vigente, de amigos suyos.

Ahora el minusválido está preso en el penal de Piedras Gordas en un régimen de aislamiento especial.

Urresti no vacila en arruinar honras y vidas de personas en su enfermizo afán de presentar resultados diariamente.

Publicado en El Comercio el 14 de setiembre del 2014.

Aprendiendo a contar homicidios

Por: Gino Costa

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer los resultados de la nueva medición de los homicidios en el país para los años 2011, 2012 y 2013. Ellas arrojan tasas de 5,43, 6,53 y 6,61 por 100 mil habitantes, respectivamente. Esto confirmaría que las tasas peruanas se ubican a nivel promedio mundial, muy por encima de las tasas europeas y asiáticas y muy por debajo del promedio de América, el continente más violento del mundo.

Los datos demuestran una tendencia ascendente en la tasa de homicidios, que entre el 2011 y el 2013 creció en 21,7%. También crecieron los cometidos con arma de fuego, que pasaron del 55,5% al 62,5%.

La ciudad más impactada fue Barranca, que alcanzó una tasa de 36,2 por 100 mil habitantes en el 2013, seguida de Trujillo (25,0), Tumbes (24,8) y Chimbote (22,1), todas en la costa norte.

Piura y Chiclayo muestran tasas por sobre el promedio nacional, pero menores a diez, lo que, dado lo extendido de las extorsiones en esta última ciudad, podría indicar una suerte de paz mafiosa.

Otras ciudades golpeadas son Pisco, Chincha Alta y el Callao, que duplican el promedio nacional. Lima Metropolitana, en cambio, que concentra uno de cada cinco homicidios a escala nacional, tiene una tasa de 5 por 100 mil habitantes.

Para llegar a estos datos, el INEI visitó todas las dependencias policiales que registran homicidios en el país, los contó uno por uno y depuró aquellos que no califican como muertes violentas intencionales, incluyendo las muertes por accidentes de tránsito y otros homicidios culposos o no intencionales, los suicidios y algunos casos duplicados.

La depuración eliminó un tercio de los homicidios registrados por la Policía Nacional del Perú. La diferencia con los homicidios registrados por el Ministerio Público es aún mayor, pues estos alcanzaron en el 2011 una tasa de 24,1 por 100 mil habitantes, frente a la de 5,43 del INEI. La diferencia es casi de cinco a uno.

Dado que la cifra de la fiscalía para el 2011 fue la oficial y se compartió con los organismos internacionales, es necesaria una explicación de los errores metodológicos que llevaron a tamaña equivocación. De lo contrario, subsistirán las suspicacias, con mayor razón si, como por arte de magia, en el 2012 su tasa se redujo a 6,4, una cuarta parte de la del año anterior. La falta de credibilidad se acrecienta por la negativa de la fiscalía de abrir su base de datos al escrutinio del INEI, como sí lo ha hecho la Policía Nacional del Perú.

Sería conveniente que, con su nueva metodología, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reconstruya la secuencia de homicidios entre el 2000 y el 2010.

A futuro, será necesario que entre el INEI, la policía y la fiscalía se produzca un solo dato, de preferencia mensualmente, sobre la base de los registros de las dos últimas instituciones, que deben ser abiertos al escrutinio del INEI.

Publicado en El Comercio el 15 de setiembre del 2014

Más eficacia, menos show

Editorial de Correo

La solución a los problemas de seguridad pasa por hechos concretos: cero figuretismo, más eficacia. Esta es la principal demanda de la gente en un país donde la delincuencia hace estragos en la tranquilidad ciudadana.

En esta coyuntura de incertidumbre apareció el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien apelando a sus explosivas apariciones televisivas insinuó tener la solución a todos los problemas y de paso le hizo subir unos puntitos de popularidad al presidente Ollanta Humala.

Sin embargo, ser impulsivo y mediático le ha traído algunos problemas. Ya lo dijo el exministro Fernando Rospigliosi, quien catalogó a Urresti de sensacionalista y mentiroso por haber hecho un aparatoso operativo en el que anunció que se había encontrado un gran cargamento de cocaína en la camioneta de un candidato fujimorista en Barranca, cuando en realidad solo se había hallado 138 kilogramos de yeso.

En la lucha contra la delincuencia, es necesario el perfil bajo, el secreto, el silencio, para sorprender a los malos. Se requiere menos posturas circenses y más golpes certeros, porque si no continuarán los robos a mano armada, se multiplicarán los asesinatos y habrá escasos espacios para el sosiego. El show no siempre es bueno, aunque la mayoría lo aplauda. No en vano el 49% aprueba a Urresti.

Al ministro del Interior lo quieren por intentar poner el pecho en tiempos de zozobra. Ojalá no pierda su popularidad con hechos donde hay más dudas que certezas.

Publicado el 4 de setiembre del 2014

Información y delito

Editorial de "La República"

Las recientes informaciones sobre operativos relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra el delito generan un debate sobre las formas y los contenidos que debe ser aprovechado para promover en la opinión pública certidumbre y confianza, componentes imprescindibles de la percepción de inseguridad que el Estado se ha decidido encarar.

Es saludable que con este propósito se haya optado por una presencia más activa de los mandos policiales y del mismo Ministro del Interior en los operativos y por una relación más intensa con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Este activismo, en tanto se desarrolle con prudencia, es aliado del proceso de la recuperación del espacio público por parte del poder público y más aún si tras las operaciones se encuentran políticas y planes sostenibles con horizontes más que mediáticos.

En ese sentido, la desarticulación de bandas, los operativos urbanos y de carreteras y las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico son bien recibidos por la sociedad que siente mayor dinamismo de las autoridades. Es el caso, por ejemplo, de la desarticulación de la banda “La gran familia chinchana” dedicada durante seis años al cobro de cupos, la extorsión de empresarios y el asesinato tras la fachada de un seudo sindicato de construcción civil.

Es igualmente elogiable el reciente decomiso de casi 8 toneladas de cocaína valorizada en más de 300 millones de dólares, la incautación más grande hasta ahora, un golpe al narcotráfico internacional y sus conexiones locales que desnuda la capacidad de aclimatación y movimiento del narcotráfico y su fortaleza logística.

Estos logros reales se empañan por dos sesgos que son al mismo tiempo políticos y comunicacionales. El primero se refiere a la necesidad de reconocer y estimular el desempeño de la Policía Nacional, una institución que a pesar de sus limitaciones puede producir resultados de esta magnitud, los cuales no deberían ser endosados a otras autoridades o por lo menos compartidas con estas para evitar la sensación del uso político de la lucha contra el delito.

El otro aspecto sobre el que debe mantenerse austeridad es el manejo de las estadísticas y la difusión de los logros. El escándalo del anuncio de un decomiso de 600 kilos de cocaína en la camioneta de un candidato municipal del fujimorismo, que luego se sabe fue de solo 42 kilos, incautados en una casa siendo el resto yeso que se presentó como droga, es grave y no debería repetirse. Sobre todo si la información oficial indica que los errores se debieron a la premura por entregar la información.

A tono con las experiencias de otros países, la estadística policial no debe ser administrada como parte de la gestión personal de una autoridad, sino puesta al alcance de la opinión pública y actualizada permanentemente. La versión sobre que en pocas semanas habrían incautado 14 mil vehículos, detenido a más de 17 mil personas, desarticulado 500 bandas y decomisado 60 toneladas de droga es llamativa pero poco creíble y verificable e induce a la desconfianza sobre cualquier avance.

En cambio, la opinión pública sí está dispuesta a considerar una información que no siendo espectacular exhibe pequeños y pacientes logros cotidianos alcanzados como consecuencia de dedicación y sacrificio, como los ya comentados, y premiarlos con la confianza. Es preciso persistir en esa ruta.

Publicado el 4 de setiembre del 2014 en "La República"

La coca que era yeso

Editorial de "El Comercio"

El ministro Daniel Urresti dio a entender hace poco que se habían incautado 400 kilos de coca dentro del furgón del candidato por Fuerza Popular a la Alcaldía de Barranca, Alberto Tapia; la droga –se dijo– pertenecería al cuñado de este último. La noticia, sin embargo, resultó no ser cierta. Se trataba más bien de 42 kilos, y no 400, y estos se encontraban no en el furgón de Tapia (donde solo había 138 kilos de yeso), sino en dos balones de gas escondidos dentro del pozo de la casa de una sobrina del cuñado de Tapia.

El error –que parece atribuible a la manera atropellada en la que se manejó la información para que el ministro pudiese realizar un anuncio grandilocuente– es grave por más de un motivo. Primero, no se entiende por qué, una vez que la policía se dio cuenta de la realidad, no informó la verdadera historia. Se prefirió, en cambio, mantenernos en el error. A esto se suma que en el camino se perjudicó la reputación de un candidato, lo que además levanta suspicacias pues la incautación se realizó justo cuando Keiko Fujimori se encontraba en Barranca.

Lo cierto es que el ministro Urresti ya nos tiene acostumbrados a su figuretismo e inexactitudes. Sobre lo primero, es quizá sintomático que hace unos días decidiese cancelar una reunión con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para presentar a la prensa al viudo de la cantante Edita Guerrero, hasta entonces prófugo de la justicia. Esta presentación, sin embargo, no se concretó, aparentemente porque las críticas en las redes sociales lo hicieron desistir. Después de todo, ¿por qué tendría que presentar el ministro del Interior a un presunto delincuente común, sino por el mero afán de aumentar su popularidad manoseando un caso mediático?

Sobre las inexactitudes, por otro lado, también hay bastante que decir. Recordemos que varias de las cifras que él proveyó al presidente para su discurso del 28 de julio son, por decir lo menos, dudosas, como lo señaló el Grupo de Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, formado por diversos especialistas en temas de seguridad (incluidos anteriores ministros y viceministros del Interior). Por ejemplo, el ministro Urresti ha asegurado que durante el último año se detuvo a 160 mil delincuentes; es decir, cada día se detuvo a 438 personas. En el mismo período de tiempo se habrían también desarticulado 4.767 bandas delictivas; 13 bandas diarias esto es. A pesar de que intentó defender esta última cifra con explicaciones técnicas, estas no han convencido. Nos preguntamos, así, cuántas decenas de miles de bandas y cuántos cientos de miles de delincuentes existen entonces en el Perú. ¿Y cómo así el ministro no es consciente de que las cifras son desproporcionadas a primera vista para cualquiera?

Por otro lado, según Urresti, se habría intervenido e inmovilizado en una megaoperación más de 24 millones de pies tablares de madera procedente de la tala ilegal en la región Loreto. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y también miembro del Grupo de Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, ha sostenido sin embargo que la única operación grande hecha este año en Loreto ocurrió cuando el ex ministro Walter Albán estaba en el cargo. En esta, por lo demás, se habrían intervenido solo 8 millones de pies tablares de madera, cuya procedencia ilícita, dicho sea de paso, estaba aún por demostrarse.

También genera dudas que durante el primer mes del ministro Urresti en el cargo supuestamente se hayan decomisado 56 toneladas de droga. Como bien han hecho notar diversas personas, las actas con las que el ministro Urresti buscó sustentar el decomiso de 52 toneladas de marihuana no hacen la diferencia entre plantas enteras y marihuana comercializable. Además, según estas, en uno de los dos días de la operación nueve policías habrían logrado, en tan solo cuatro horas, contar, desplantar y descartar 15 mil plantones de marihuana. A similar absurdo llevan las cifras del segundo día de la operación.

Por más que las cifras de aprobación le estén sonriendo, claramente el comportamiento del ministro impide que los ciudadanos tengamos certeza alguna de que el tema de la seguridad se está manejando con seriedad. Y, a la larga, esto mellará la alicaída confianza de la población hacia el gobierno. Este show, por todo esto, no debe continuar.

Publicado el 4 de setiembre del 2014 en "El Comercio".

Otra vez la culpable es la Policía

Por: Gustavo Carrión Zavala

En la últimas horas, asistimos a la constatación de, por decir lo menos, la exageración publicitaria del ministro del Interior, respecto de un promocionado decomiso de droga en un furgón pertenenciente a un candidato a la alcaldía provincial de Barranca. Sin escatimar esfuerzos, ni convocatorias a la prensa, en esa ocasión el ministro del Interior se trasladó a Barranca y ante la prensa, enlodó  al citado candidato, atribuyendo la incautación de más de 400 kilos de cocaína en el vehículo intervenido. Obviamente, que ante la presencia del ministro y la prensa, el jefe policial encargado se vio obligado a presentar la exponencialmente aumentada cantidad de droga, que se había incautado no precisamente en el vehículo perteneciente al candidato. De los detalles, Fernando Rospsigliosi, ha dado cuenta a la opinión pública de la magnitud de la exageración. En un inicio, el ministro del Interior, no tuvo mejor expediente que aparecer en medios, y haciendo uso del estilo de lenguaje cuasi coprolálico e ironía bufonesca que lo viene identificando, arremetió contra el mensajero pretendiendo descalificarlo.

Ante las evidencias de las actas fiscales y de la investigación policial, mostradas por Rospigliosi, ha recurrido a lo más simple y que le permita aparentemente lavarse el rostro: echarle la culpa a la policía. En una patética aparición  en un medio televisivo local, el general jefe de la Dirandro ha sido obligado a altoinculparse, y a culpar a los policías intervinientes por haber proporcionado información inexacta, y el asunto terminará con la sanción a los miembros de la institución que resulten responsables. El procedimiento de pretender salvarles la piel a los políticos, responsabilizando de sus fallas a la policía, parece ser en la actual administración una tendencia, no nos olvidemos que el caso López Meneses, pretendió explicarse como un caso de corrupción policial. Nos queda preguntarnos si en el caso de Barranca, la autoridad del sector Interior, debió antes de aparecer en medios como el propiciador de un gran decomiso de droga, asegurarse de las cantidades intervenidas y responsables del delito o se trató de  haber obligado a los policías a declarar lo que políticamente le convenía y que una vez descubierta la mentira, obviamente  tenía a quién responsabilizar.

Hemos sido siempre sumamente críticos al puntualizar que el grave problema de los operadores de seguridad y justicia y en este caso específico la Policía, es el proceso de descomposición reflejado por la corrupción, pero de este convencimiento a aceptar que la Policía siempre resultará responsable de los errores del sistema, y de sus representantes políticos,  existe verdaderamente una inmensa distancia.

Cuando se reclama a las autoridades subnacionales y locales, su inoperancia en temas de seguridad ciudadana, invariablemente recurrirán al argumento que son temas de la policía o que la policía no colabora debidamente. 

Bajo la lógica de atribuirle siempre la culpa a la policía, nos hace presumir que si no existiese policía, tendrían que crear una rápidamente para poder echarle la culpa de todo cuanto suceda.

Publicado en el blog "Espacio Compartido" el 2 de setiembre del 2014

Seguridad: Apoyo del Gobierno a alcaldes

Por Gino Costa:

La responsabilidad principal de la seguridad es del Gobierno Nacional. Para ello cuenta con la policía, el sistema penitenciario y el Ministerio del Interior, ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que articula, en los distintos niveles de gobierno, a los protagonistas de la prevención y persecución del delito, incluyendo a la fiscalía y al Poder Judicial. Además, Justicia conduce el Consejo Nacional de Política Criminal, que debe determinar qué conductas se castigan y cómo.

El Ejecutivo también tiene a su cargo el Tesoro Público, fundamental para asignar los recursos que la seguridad requiere, y cuenta con ministerios como Educación, Salud, Trabajo y Mujer, con importantes responsabilidades en la prevención de la violencia y sus factores asociados, como la deserción escolar, el consumo de alcohol y drogas, el subempleo, el abuso contra la mujer y el maltrato en el hogar.

En los últimos veinte años, dentro de los procesos de reforma del Estado y de descentralización, los municipios han ido adquiriendo un papel cada vez más activo en la provisión de servicios públicos, que incluyen a los de seguridad ciudadana, principalmente aquellos de naturaleza preventiva, los que en algunos casos se complementan y en otros se duplican con los proporcionados por el Gobierno Nacional.

Entre las funciones que hoy cumplen los municipios están las de garantizar el orden en la ciudad, vigilar y patrullar el espacio público a través de los serenazgos, prevenir las conductas transgresoras, gestionar la información delictiva y articular el trabajo de los actores locales y nacionales en su territorio.

Las capacidades de los municipios, sin embargo, difieren significativamente, lo que impide que muchos cumplan plenamente sus responsabilidades en el marco de la política nacional de seguridad ciudadana. También dificulta su tarea la descoordinación con las instituciones nacionales, tanto las del Ejecutivo como las autónomas, especialmente la fiscalía y el Poder Judicial.

¿Qué se requiere para superar todo ello y para que los municipios sean el primer muro de contención contra la violencia y el delito? Quizá el primer paso es aprobar el nuevo reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, cuyo borrador fue preparado durante la gestión del ministro Pedraza y está listo hace casi un año.

La primera ministra Ana Jara se comprometió a hacerlo hace una semana en el Congreso. Ojalá que cumpla porque el proyecto prepublicado en noviembre pasado es una hoja de ruta para la cooperación del Gobierno Nacional con los municipios en seguridad ciudadana.

En el corto plazo, tres aspectos son fundamentales. Uno: adecuación de las instituciones nacionales a la organización política del país, para que la policía y las instituciones de la justicia penal tengan una presencia y un responsable distrital. Dos: cooperación policial, que debería traducirse en la incorporación gratuita de policías a todos los vehículos de los serenazgos. Tres: financiamiento nacional a las iniciativas municipales de prevención.

Publicado en El Comercio el 1 de setiembre del 2014

Otra mentira de Urresti

Por: Fernando Rospigliosi 

El viernes 1 de agosto al mediodía, el ministro del Interior, Daniel Urresti, brindó una conferencia de prensa en Barranca. Delante de él se amontonaban cientos de paquetes, aparentemente de cocaína. Detrás, una furgoneta donde supuestamente se había encontrado la droga. El vehículo estaba adornado por un gran cartel de propaganda electoral del candidato fujimorista de la localidad, Alberto Tapia, al que Urresti involucró en el tráfico de drogas.

El canal del Estado (7.3) que transmitió en directo la conferencia de Urresti, puso un cintillo en la parte inferior de la imagen donde anunciaba “600 kilos de clorhidrato de cocaína fue hallado (sic) dentro de enormes barras de fierro”. Y así titularon algunos medios al día siguiente de la conferencia de Urresti: “Carro de candidato fujimorista  llevaba 500 kilos de droga” (“La República”). “Hallan 400 kilos de cocaína en camión de candidato fujimorista” (El Comercio). Prácticamente todos los medios y comentaristas se han referido a Tapia como “narcocandidato”.     

Todo es mentira. Lo que dice el informe de la Primera Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada a cargo de Rotsabeth Paola Díaz Prieto (carpeta fiscal N° 111-2014) y el peritaje de la policía y la fiscalía es lo siguiente:

1. No había 600 kilos de cocaína, ni 500 ni 400.  Eran 42 kilos y 89 gramos.

2. En la camioneta del candidato no había un gramo de droga, solo 138 kilos de yeso. 

3. Los 42 kilos de cocaína los encontraron en una casa en Barranca que no tiene nada que ver con el candidato.

4. La policía antidrogas (Dirandro)rastrea estecaso desde febrero, según informó el jefe de esa unidad. Durante 7 meses han interceptado teléfonos, realizado seguimientos, etc. No tienen nada contra el candidato. El culpable es el cuñado, Danilo Conrado Silva Sánchez, y otras personas. La investigación fiscal no menciona a Alberto Tapia.

En suma, es sensacionalista y mentiroso anunciar el decomiso de 600 kilos de cocaína (o 500 o 400) cuando en realidad eran 42, y es abusivo, ilegal y arbitrario implicar al candidato que según la policía y la fiscalía no está involucrado.

En la conferencia Urresti desafió a los que hemos venido poniendo en evidencia la falsedad de las cifras con las que trafica diariamente: “Les he pedido encarecidamente que el pesaje sea exacto para que vayan llevando la cuenta el señor Rospigliosi y el señor Basombrío porque son muy escépticos”.

En efecto, somos escépticos porque hemos descubierto que prácticamente todas las cifras que ha presentado Urresti desde el inicio de su gestión son exageradas o simplemente falsas. Este caso muestra, nuevamente, que el ministro del Interior mintió.

Estamos ante un ministro que abusa sistemáticamente de su poder, falsificando la realidad una y otra vez y, lo que es peor, enlodando honras sin escrúpulo alguno.

La impunidad alienta el delito. Urresti se siente impune porque dispara embustes diariamente, denigra a personas y no pasa nada. Por eso no se va a detener. Por supuesto, la pareja presidencial no va a hacer nada al respecto. A ellos les importa muy poco la seguridad ciudadana, la verdad o la reputación de las personas. Lo único que les interesa es subir en las encuestas y Urresti los está ayudando a eso.

Es paradójico que Urresti, investigado durante años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y ahora procesado por ese delito porque un fiscal y un juez creen que hay suficientes elementos probatorios de su culpabilidad, reclame para sí la presunción de inocencia, mientras que para el resto de ciudadanos él utiliza automáticamente la presunción de culpabilidad. Y, desde el importante cargo que tiene, no tiene escrúpulos en usar la tribuna que le da el hecho de ser ministro, para lanzar acusaciones a diestra y siniestra, muchas veces sin fundamento alguno.

De esta manera, desacredita las auténticas investigaciones que realizan la policía y la fiscalía, porque como dice el refrán, “en boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso”.

No conozco a Alberto Tapia, no sé si tiene alguna vinculación con el narcotráfico. Pero si sé que la fiscalía y la policía consideran que no la tiene. Por tanto, es inaceptable que la máxima autoridad del sector lo acuse de tal cosa sin prueba alguna.

Publicado el 31 de agosto del 2014 en El Comercio.