Falta mayor labor de inteligencia

Publicado en la revista Somos el 13 de setiembre del 2014

Lo que Urresti no hace

Editorial de El Comercio

El ministro Urresti ha dicho que ya no dará cifras luego de las operaciones que encabeza diariamente, aquí y allá. De ahora en adelante, se limitará a las estadísticas oficiales. No tiene sentido seguir con las otras cifras, ha explicado, porque sirven para que se le intente “pintar” como un mentiroso. Y tiene razón, no tiene sentido seguir con ellas. Pero no tanto porque sean utilizadas por algunos oportunistas para pintarlo como alguien que no dice la verdad, sino porque ellas solitas, en su a menudo gruesa inverosimilitud, lo han pintado así. 

Lo que sí no ha detenido el ministro es el energético despliegue que le permite encabezar cuanta operación se lleva a cabo en la ciudad. Esto también tiene sentido (político, al menos). Aparentemente esa ubicuidad  ha logrado transmitir a la población la sensación de que el ministro es algo parecido a los superhéroes que en las grandes historietas del pasado – y las películas del presente– cuidaban la ciudad. Es difícil explicar de otra forma que en menos de dos meses en el puesto el ministro a cargo del tema sobre el que se concentraban las quejas más grandes de la población tenía ya una aprobación del 46%.Si Ciudad Gótica puede dormir tranquila es porque Batman está ahí, siempre atento, velando por ella. 

Tampoco ha parado el ministro Urresti su tendencia a disparar medidas efectistas (para efectos de la opinión ciudadana, no sabemos si también para los delincuentes). Muchos asaltos se cometen con armas con licencias robadas o en autos con lunas oscuras. Por ello,  el ministro ha anunciado que se prohibirán las armas en manos civiles y los autos con lunas oscuras. Como bien ha escrito el ex viceministro del interior Ricardo Valdés,  si proliferasen en Lima (y esperemos que ello jamás suceda) los atentados con sicarios en motos, veríamos las motos prohibidas.

Mientras tanto, sigue sin saberse mucho de los planes de fondo del ministro. Ha vuelto a presentar el plan de seguridad ciudadana del 2013, pero no se sabe si ahora este se comenzará a ejecutar seriamente o si le ocurrirá más bien lo mismo que a aquellas obras públicas donde cada cierto tiempo una autoridad diferente pone la primera piedra. Particularmente, preocupa saber si el ministro tiene alguna estrategia para mejorar la serísima situación del instrumento más importante con el que se cuenta para ejecutar cualquier plan de seguridad ciudadana: la Policía Nacional (PN).  Sobre la PN, más allá de una buena idea para profesionalizar la gestión de la institución (pasando a labores de seguridad a los miles de policías que actualmente se dedican a labores administrativas), el ministro solo ha hecho anuncios de aumentos de números. Se habrán graduado 53.300 nuevos policías al término de la gestión de Humala, se enviarán dos mil nuevos policías en los próximos dos años al norte, etc. El problema, sin embargo, es que, como están las cosas, la multiplicación de los policías tendría que ser un motivo más de preocupación que de tranquilidad para los ciudadanos. 

De acuerdo con la recientemente publicada última edición del Ránking de Competitividad Global, la policía peruana es, de lejos, una de las que tiene servicios menos confiables (por su probidad y por su eficacia) de las 144 policías nacionales analizadas (concretamente, tiene el puesto 137; es decir, solo 7 de las 144 inspiran menos confianza que la nuestra). Una información que, al margen de los muy meritorios casos de excelentes policías que tenemos, no debe  sorprender a nadie. Piense, por ejemplo, en si usted se siente tranquilo cuando lo detiene la policía mientras transita por las calles.

Lo peor es que la situación  no tiene visos de mejorar en el corto plazo. El anuncio del ministro Urresti sobre el número récord de policías que se graduarán en los próximos años se debe a que cada vez se hace pasar menos tiempo a estos en las, por demás, muy mal provistas escuelas policiales (muchos, de hecho, se gradúan en un año, en lugar de los tres que supuestamente dura la carrera). Por otro lado, no se sabe de ninguna reforma de fondo que, al tiempo que haga que nuestros policías estén bien pagados e imponga un auténtico sistema de meritocracia en la institución, pueda fortalecer los órganos de control interno y los sistemas de denuncia ciudadana para combatir la corrupción policial. 

El cambio de la seguridad en el Perú tiene que comenzar por la PN. Está claro que, más allá de las cifras que el actual ministro siga dando o no, ningún esfuerzo que se haga por la seguridad en el Perú será confiable mientras que su policía no lo sea.  

Publicado en El Comercio el 14 de setmbre 21

Gobierno y narcotráfico

Por Fernando Rospigliosi:

El gobierno de Ollanta Humala se ha mostrado muy activo denunciando la relación del narcotráfico y la política cuando están involucrados real o aparentemente sus opositores. Pero marcha con pies de plomo cuando se trata de su propia gente.

Nuevamente Américo Zambrano de Caretas ha encontrado otro hilo de la madeja en el caso de las toneladas de cocaína encontradas en Huanchaco, Trujillo. Resulta que el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres (no se sabe si es su verdadero nombre) que entraba al país desde el año 2012, tuvo apoyo del Superintendente de Migraciones, el ex congresista humalista Edgard Reymundo, para realizar en tiempo record trámites que a cualquiera le demoran meses.

El 13 de marzo de 2013, según Caretas, el narco mexicano pidió una “autorización especial para firmar contratos”. Se la concedieron al día siguiente.

La tarde del 20 de marzo de 2013 el mexicano pidió cambiar su calidad migratoria de turista a trabajador residente. El 25 de marzo, en tres días hábiles, obtuvo lo que quería, a pesar que le faltaban algunos documentos. Según revelaron funcionarios de Migraciones al periodista Zambrano, alguien llamó a Reymundo para pedirle u ordenarle que hiciera eso, y él a su vez se lo exigió a los encargados del trámite.

Reymundo renunció a Migraciones a principios de año para postular a la presidencia regional de Junín. 

El congresista toledista José León, aliado del gobierno, que le arrendaba la casa al narcotraficante mexicano, dijo que no lo conocía hasta que Caretas publicó el video filmado por la policía donde se le ve conversando con él. Ahora admite que visitó la casa cinco veces y conversó sobre seguridad ciudadana con su inquilino.

Cuando los policías de la Dirección Antidrogas de Lima que investigaban el caso se acercaron a la comisaría de El Milagro, donde estaba ubicado el depósito de carbón y de cocaína, el comisario les dijo “mejor ni voy por allí porque al rato están llamando desde el Congreso”.

En suma, hay indicios de que el narcotraficante mexicano tenía muchas influencias en el Estado que le agilizaban los trámites para montar la cobertura que necesitaba y lo desembarazaban de miradas indiscretas.

Pero en este caso, que según el gobierno es el del mayor cargamento de cocaína descubierto en la historia, no se ha escuchado ni al congresista Sergio Tejada, activo acusador de Alan García por los “narco indultos”, ni al ministro del Interior Daniel Urresti, que denunció falsamente al candidato fujimorista de Barranca, pronunciarse sobre Reymundo ni sobre León.

Y a propósito de Urresti, el domingo pasado Graciela Villasís de Cuarto Poder de América TV, reveló que en el caso del supuesto arsenal decomisado detrás de palacio de gobierno y del armero detenido, presentado por Urresti el 28 de agosto, estaba teñido también de medias verdades y falsedades completas.

Lo que ocurrió, en síntesis, es que ese día la policía encontró algunas armas ilegales en un hostal en el Rímac cerca a palacio de gobierno, a eso de las 7 de la mañana, pero no capturó a nadie. De acuerdo a fuentes policiales, Urresti, desesperado por presentar resultados –reales o supuestos- todos los días, presionó para que detengan a alguien, a cualquiera, para poder mostrar otro éxito.

Así, la policía arrestó a un conocido, el capitán PNP (r) Jesús Chávez Sifuentes, que fabrica prototipos de armas para el Ejército y la Policía, poco después del mediodía. De esta manera, a eso de las 3 de la tarde Urresti pudo presentar en conferencia de prensa las armas decomisadas en el Rímac junto a los prototipos incautados al armero, haciendo una mescolanza con dos asuntos sin relación alguna e involucrando a Chávez en delitos graves.

Chávez, según sus familiares, perdió una pierna en una operación de desactivación de minas en torres de alta tensión con la Marina de Guerra, a principios de la década pasada. Lo que encontraron en su taller son prototipos de armas para el Ejército, escopetas de aire comprimido, una pistola de fogueo y un par de armas malogradas, con licencia vigente, de amigos suyos.

Ahora el minusválido está preso en el penal de Piedras Gordas en un régimen de aislamiento especial.

Urresti no vacila en arruinar honras y vidas de personas en su enfermizo afán de presentar resultados diariamente.

Publicado en El Comercio el 14 de setiembre del 2014.

Aprendiendo a contar homicidios

Por: Gino Costa

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer los resultados de la nueva medición de los homicidios en el país para los años 2011, 2012 y 2013. Ellas arrojan tasas de 5,43, 6,53 y 6,61 por 100 mil habitantes, respectivamente. Esto confirmaría que las tasas peruanas se ubican a nivel promedio mundial, muy por encima de las tasas europeas y asiáticas y muy por debajo del promedio de América, el continente más violento del mundo.

Los datos demuestran una tendencia ascendente en la tasa de homicidios, que entre el 2011 y el 2013 creció en 21,7%. También crecieron los cometidos con arma de fuego, que pasaron del 55,5% al 62,5%.

La ciudad más impactada fue Barranca, que alcanzó una tasa de 36,2 por 100 mil habitantes en el 2013, seguida de Trujillo (25,0), Tumbes (24,8) y Chimbote (22,1), todas en la costa norte.

Piura y Chiclayo muestran tasas por sobre el promedio nacional, pero menores a diez, lo que, dado lo extendido de las extorsiones en esta última ciudad, podría indicar una suerte de paz mafiosa.

Otras ciudades golpeadas son Pisco, Chincha Alta y el Callao, que duplican el promedio nacional. Lima Metropolitana, en cambio, que concentra uno de cada cinco homicidios a escala nacional, tiene una tasa de 5 por 100 mil habitantes.

Para llegar a estos datos, el INEI visitó todas las dependencias policiales que registran homicidios en el país, los contó uno por uno y depuró aquellos que no califican como muertes violentas intencionales, incluyendo las muertes por accidentes de tránsito y otros homicidios culposos o no intencionales, los suicidios y algunos casos duplicados.

La depuración eliminó un tercio de los homicidios registrados por la Policía Nacional del Perú. La diferencia con los homicidios registrados por el Ministerio Público es aún mayor, pues estos alcanzaron en el 2011 una tasa de 24,1 por 100 mil habitantes, frente a la de 5,43 del INEI. La diferencia es casi de cinco a uno.

Dado que la cifra de la fiscalía para el 2011 fue la oficial y se compartió con los organismos internacionales, es necesaria una explicación de los errores metodológicos que llevaron a tamaña equivocación. De lo contrario, subsistirán las suspicacias, con mayor razón si, como por arte de magia, en el 2012 su tasa se redujo a 6,4, una cuarta parte de la del año anterior. La falta de credibilidad se acrecienta por la negativa de la fiscalía de abrir su base de datos al escrutinio del INEI, como sí lo ha hecho la Policía Nacional del Perú.

Sería conveniente que, con su nueva metodología, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reconstruya la secuencia de homicidios entre el 2000 y el 2010.

A futuro, será necesario que entre el INEI, la policía y la fiscalía se produzca un solo dato, de preferencia mensualmente, sobre la base de los registros de las dos últimas instituciones, que deben ser abiertos al escrutinio del INEI.

Publicado en El Comercio el 15 de setiembre del 2014

Más eficacia, menos show

Editorial de Correo

La solución a los problemas de seguridad pasa por hechos concretos: cero figuretismo, más eficacia. Esta es la principal demanda de la gente en un país donde la delincuencia hace estragos en la tranquilidad ciudadana.

En esta coyuntura de incertidumbre apareció el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien apelando a sus explosivas apariciones televisivas insinuó tener la solución a todos los problemas y de paso le hizo subir unos puntitos de popularidad al presidente Ollanta Humala.

Sin embargo, ser impulsivo y mediático le ha traído algunos problemas. Ya lo dijo el exministro Fernando Rospigliosi, quien catalogó a Urresti de sensacionalista y mentiroso por haber hecho un aparatoso operativo en el que anunció que se había encontrado un gran cargamento de cocaína en la camioneta de un candidato fujimorista en Barranca, cuando en realidad solo se había hallado 138 kilogramos de yeso.

En la lucha contra la delincuencia, es necesario el perfil bajo, el secreto, el silencio, para sorprender a los malos. Se requiere menos posturas circenses y más golpes certeros, porque si no continuarán los robos a mano armada, se multiplicarán los asesinatos y habrá escasos espacios para el sosiego. El show no siempre es bueno, aunque la mayoría lo aplauda. No en vano el 49% aprueba a Urresti.

Al ministro del Interior lo quieren por intentar poner el pecho en tiempos de zozobra. Ojalá no pierda su popularidad con hechos donde hay más dudas que certezas.

Publicado el 4 de setiembre del 2014

Información y delito

Editorial de "La República"

Las recientes informaciones sobre operativos relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra el delito generan un debate sobre las formas y los contenidos que debe ser aprovechado para promover en la opinión pública certidumbre y confianza, componentes imprescindibles de la percepción de inseguridad que el Estado se ha decidido encarar.

Es saludable que con este propósito se haya optado por una presencia más activa de los mandos policiales y del mismo Ministro del Interior en los operativos y por una relación más intensa con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Este activismo, en tanto se desarrolle con prudencia, es aliado del proceso de la recuperación del espacio público por parte del poder público y más aún si tras las operaciones se encuentran políticas y planes sostenibles con horizontes más que mediáticos.

En ese sentido, la desarticulación de bandas, los operativos urbanos y de carreteras y las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico son bien recibidos por la sociedad que siente mayor dinamismo de las autoridades. Es el caso, por ejemplo, de la desarticulación de la banda “La gran familia chinchana” dedicada durante seis años al cobro de cupos, la extorsión de empresarios y el asesinato tras la fachada de un seudo sindicato de construcción civil.

Es igualmente elogiable el reciente decomiso de casi 8 toneladas de cocaína valorizada en más de 300 millones de dólares, la incautación más grande hasta ahora, un golpe al narcotráfico internacional y sus conexiones locales que desnuda la capacidad de aclimatación y movimiento del narcotráfico y su fortaleza logística.

Estos logros reales se empañan por dos sesgos que son al mismo tiempo políticos y comunicacionales. El primero se refiere a la necesidad de reconocer y estimular el desempeño de la Policía Nacional, una institución que a pesar de sus limitaciones puede producir resultados de esta magnitud, los cuales no deberían ser endosados a otras autoridades o por lo menos compartidas con estas para evitar la sensación del uso político de la lucha contra el delito.

El otro aspecto sobre el que debe mantenerse austeridad es el manejo de las estadísticas y la difusión de los logros. El escándalo del anuncio de un decomiso de 600 kilos de cocaína en la camioneta de un candidato municipal del fujimorismo, que luego se sabe fue de solo 42 kilos, incautados en una casa siendo el resto yeso que se presentó como droga, es grave y no debería repetirse. Sobre todo si la información oficial indica que los errores se debieron a la premura por entregar la información.

A tono con las experiencias de otros países, la estadística policial no debe ser administrada como parte de la gestión personal de una autoridad, sino puesta al alcance de la opinión pública y actualizada permanentemente. La versión sobre que en pocas semanas habrían incautado 14 mil vehículos, detenido a más de 17 mil personas, desarticulado 500 bandas y decomisado 60 toneladas de droga es llamativa pero poco creíble y verificable e induce a la desconfianza sobre cualquier avance.

En cambio, la opinión pública sí está dispuesta a considerar una información que no siendo espectacular exhibe pequeños y pacientes logros cotidianos alcanzados como consecuencia de dedicación y sacrificio, como los ya comentados, y premiarlos con la confianza. Es preciso persistir en esa ruta.

Publicado el 4 de setiembre del 2014 en "La República"

La coca que era yeso

Editorial de "El Comercio"

El ministro Daniel Urresti dio a entender hace poco que se habían incautado 400 kilos de coca dentro del furgón del candidato por Fuerza Popular a la Alcaldía de Barranca, Alberto Tapia; la droga –se dijo– pertenecería al cuñado de este último. La noticia, sin embargo, resultó no ser cierta. Se trataba más bien de 42 kilos, y no 400, y estos se encontraban no en el furgón de Tapia (donde solo había 138 kilos de yeso), sino en dos balones de gas escondidos dentro del pozo de la casa de una sobrina del cuñado de Tapia.

El error –que parece atribuible a la manera atropellada en la que se manejó la información para que el ministro pudiese realizar un anuncio grandilocuente– es grave por más de un motivo. Primero, no se entiende por qué, una vez que la policía se dio cuenta de la realidad, no informó la verdadera historia. Se prefirió, en cambio, mantenernos en el error. A esto se suma que en el camino se perjudicó la reputación de un candidato, lo que además levanta suspicacias pues la incautación se realizó justo cuando Keiko Fujimori se encontraba en Barranca.

Lo cierto es que el ministro Urresti ya nos tiene acostumbrados a su figuretismo e inexactitudes. Sobre lo primero, es quizá sintomático que hace unos días decidiese cancelar una reunión con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para presentar a la prensa al viudo de la cantante Edita Guerrero, hasta entonces prófugo de la justicia. Esta presentación, sin embargo, no se concretó, aparentemente porque las críticas en las redes sociales lo hicieron desistir. Después de todo, ¿por qué tendría que presentar el ministro del Interior a un presunto delincuente común, sino por el mero afán de aumentar su popularidad manoseando un caso mediático?

Sobre las inexactitudes, por otro lado, también hay bastante que decir. Recordemos que varias de las cifras que él proveyó al presidente para su discurso del 28 de julio son, por decir lo menos, dudosas, como lo señaló el Grupo de Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, formado por diversos especialistas en temas de seguridad (incluidos anteriores ministros y viceministros del Interior). Por ejemplo, el ministro Urresti ha asegurado que durante el último año se detuvo a 160 mil delincuentes; es decir, cada día se detuvo a 438 personas. En el mismo período de tiempo se habrían también desarticulado 4.767 bandas delictivas; 13 bandas diarias esto es. A pesar de que intentó defender esta última cifra con explicaciones técnicas, estas no han convencido. Nos preguntamos, así, cuántas decenas de miles de bandas y cuántos cientos de miles de delincuentes existen entonces en el Perú. ¿Y cómo así el ministro no es consciente de que las cifras son desproporcionadas a primera vista para cualquiera?

Por otro lado, según Urresti, se habría intervenido e inmovilizado en una megaoperación más de 24 millones de pies tablares de madera procedente de la tala ilegal en la región Loreto. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y también miembro del Grupo de Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, ha sostenido sin embargo que la única operación grande hecha este año en Loreto ocurrió cuando el ex ministro Walter Albán estaba en el cargo. En esta, por lo demás, se habrían intervenido solo 8 millones de pies tablares de madera, cuya procedencia ilícita, dicho sea de paso, estaba aún por demostrarse.

También genera dudas que durante el primer mes del ministro Urresti en el cargo supuestamente se hayan decomisado 56 toneladas de droga. Como bien han hecho notar diversas personas, las actas con las que el ministro Urresti buscó sustentar el decomiso de 52 toneladas de marihuana no hacen la diferencia entre plantas enteras y marihuana comercializable. Además, según estas, en uno de los dos días de la operación nueve policías habrían logrado, en tan solo cuatro horas, contar, desplantar y descartar 15 mil plantones de marihuana. A similar absurdo llevan las cifras del segundo día de la operación.

Por más que las cifras de aprobación le estén sonriendo, claramente el comportamiento del ministro impide que los ciudadanos tengamos certeza alguna de que el tema de la seguridad se está manejando con seriedad. Y, a la larga, esto mellará la alicaída confianza de la población hacia el gobierno. Este show, por todo esto, no debe continuar.

Publicado el 4 de setiembre del 2014 en "El Comercio".