UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN SEGURIDAD CIUDADANA

A mediados de julio de 2014 un grupo de ciudadanos preocupados por el incremento de la inseguridad publicamos un pronunciamiento, “Liderazgo y voluntad política para la seguridad ciudadana” donde, partiendo de la constatación de un incremento cuantitativo y cualitativo de la actividad delictiva en el Perú, señalábamos que un factor fundamental para explicar ese aumento radicaba en la debilidad y permeabilidad a la corrupción de las instituciones, en particular las encargadas de combatir el delito como la Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público e Instituto Nacional Penitenciario.

También advertíamos que el entonces recién nombrado ministro del Interior, además de ser una persona severamente cuestionada por graves denuncias en materia de derechos humanos, tenía un comportamiento errático y carecía de un diagnóstico preciso, de estrategia y rumbo claros, concluyendo que necesitamos instituciones y no salvadores televisivos que las reemplacen. 

En aquella oportunidad, en vísperas del mensaje presidencial del 28 de julio, demandábamos que se sinceren las cifras de la criminalidad en el Perú, y se deje de estar festinando porcentajes y números inventados para cada ocasión.

No se escuchó la demanda y, tanto en el mensaje a la nación como en las expresiones del ministro del Interior se manifestaron cifras extravagantes, que no corresponden a la realidad, probablemente con la intención de disminuir la percepción de inseguridad de los ciudadanos.

En realidad, una de las pocas cifras confiables que hay es la del Barómetro de las Américas, cuya encuesta de victimización realizada en todo el continente revela al Perú en un deshonroso primer lugar con un 30,6% de ciudadanos víctimas de algún delito, una desmejora con respecto al 2012 cuando era 28,1%. Es decir, la seguridad ciudadana ha seguido deteriorándose en los últimos dos años.

Ahora que se ha nombrado al sétimo ministro del Interior de este gobierno, queremos reiterar nuestra demanda de sinceramiento de cifras así como repetir nuestras propuestas, en el entendido que a estas alturas, a poco más de un año del fin del mandato presidencial, al nuevo encargado de Interior solo le será posible realizar algunos cambios. Aún así, es importante que, por lo menos, se empiece con algunas las reformas que se necesitan con urgencia. Y –muy importante- para que esos y otros cambios tengan permanencia en el tiempo, condición indispensable para su eficacia, requerimos de un compromiso firme y explícito de los candidatos presidenciales para que, cualquiera sea el ganador de las elecciones de 2016, se continúe con una política que pueda hacer retroceder a la delincuencia y traer tranquilidad al pueblo peruano. Con ese propósito, insistimos en algunas propuestas básicas:

Urge declarar en reorganización a la Policía Nacional, sin duda depurarla, pero también revisar el modelo de policía altamente militarizada y de comportamiento predominantemente reactivo, por una organización policial con alta dosis de compromiso ciudadano, parte de la urdimbre social y definitivamente de carácter civil, compatible con los esfuerzos por consolidar la democracia. En ese marco, asimismo, fortalecer los mecanismos contra la corrupción interna, producir cambios significativos en la gestión de sus recursos, incentivar el profesionalismo y la evaluación del personal por resultados.

Urge, fortalecer todas las comisarías, dotarlas de conectividad y medios de comunicación; así mismo, distribuir y desplegar nuestros efectivos en las calles con una perspectiva comunitaria, en estrecha coordinación con los serenazgos, bajo el liderazgo real de los alcaldes, para combatir el crimen común usando mejor lo que ya tenemos. Para ello y otros propósitos igualmente importantes, en el marco de una política integral de recursos humanos y mejora del  bienestar policial, se debe eliminar el trabajo a medio tiempo de los policías, también conocido como 24 x 24.

Urge, adicionalmente, crear pequeñas unidades de élite para la inteligencia, investigación y combate eficaz al crimen organizado, que sean altamente selectivas en su composición, que privilegien la honradez y el profesionalismo de sus miembros, con recursos y tecnología suficientes,  y que se premien sus resultados.

Urge, igualmente, rediseñar y fortalecer  fiscalías y  juzgados especiales  para la investigación y la sanción penal del crimen organizado, los que deben ser dotados de personal calificado ética y profesionalmente y de recursos suficientes.

Urge, además, la construcción de más penales que hagan posible una efectiva clasificación de los presos, aislando a los incorregibles. Asimismo, aplicar medidas alternativas a la prisión para delitos menores.

Urge, en fin, un amplio plan nacional de prevención de la delincuencia principalmente dirigido a los jóvenes en estado vulnerable; plan conducido, financiado, y evaluado por el estado central e implementado en alianza con los municipios.

El nuevo ministro del Interior ha declarado una voluntad de concertación y un genuino interés por mejorar la eficacia y el profesionalismo de la Policía Nacional lo que, de llevarse a la práctica, redundaría sin lugar a dudas en una mejora de la seguridad ciudadana. Esperamos que pueda cumplir su propósito sin interferencias.

Asimismo, hacemos un llamado a los diferentes grupos políticos y candidatos presidenciales a asumir seriamente un compromiso de lucha contra la inseguridad y de reforma de las instituciones encargadas de combatir el delito, para garantizar la continuidad de una política de Estado que pueda revertir el deterioro alarmante de la seguridad ciudadana que podría llevarnos, más temprano que tarde, a una situación similar a la que desgraciadamente viven otros países del continente.