“Muertes” y muertes

Por: Jorge Nieto Montesinos

¿Por qué el ministerio del gobierno interior se ha convertido en el ministerio de policía?

Políticamente hablando… ¿de qué mueren los ministros del Interior? Del total de jefes del sector en lo que va del siglo XXI, 40% han muerto de protesta social, 35% lo han hecho de corrupción; y 25% de intriga institucional. La mayoría de ministros del Interior han debido renunciar, o los han renunciado, como resultado de sus límites para enfrentar alguna forma de acción colectiva, generalmente protestas urbanas, las más de las veces contra alguna forma de modernización no pactada. Un segundo grupo, algo menor, ha dejado el cargo por la ansiedad del dinero. A algunos los ha alcanzado el pasado: algún hecho relativamente oculto de sus biografías que, puesto bajo los reflectores, ha sido naturalmente iluminado. Otros no han resistido la tentación de las compras: sobrevaluaciones, comisiones, malas adquisiciones y otras mañas. Finalmente, el tercer grupo, el menor, ha sido alcanzado por la politiquería. Algunos, por la disputas de grupo entre los mandos policiales; otros, por lo mismo pero en palacio de gobierno.

Éste tercer grupo es un accidente del cargo. Como en toda milicia, sus mandos siempre complotarán. Como en todo equipo político –y un gabinete ministerial lo es-, siempre habrá diferencias, ambiciones, envidias. Ejercer el liderazgo es también lidiar con todo eso. El segundo grupo es parcialmente evitable. Aquellos nombramientos “problemáticos” –cuyo pasado “alcanza” al ministro- nos remiten a un descuido presidencial. O no se estudió suficientemente el historial del nombrado; o se consideraron veniales aquellos hechos que el promedio social considera mortales. En ambos casos el error es de quien elige. Éste y el otro subgrupo, el de los “nuevos” pecadores, nos remiten al problema de la corrupción.

Sobre ella, lo he dicho ya antes, Polibio y Salustio, un griego y un romano que escribieron hace más de veinte siglos, dijeron cosas que no han hecho más que repetirse.  Uno, historiador, ubicó el origen de la corrupción en la degeneración de las instituciones. El otro, que hacía sociología sin saberlo, encontró sus causas en el conflicto entre la costumbre y la ley. Después no se han dicho cosas muy distintas: calidad de las instituciones, ética de las personas, creación y distribución de la riqueza económica. Tratando de entender la corrupción norteamericana más reciente Fukuyama, por ejemplo, ha repetido a Polibio: la corrupción contemporánea se origina, ha dicho, en el peligroso debilitamiento del espíritu público y la debilidad creciente del estado. Muy bien viniendo de quien viene. Tema para más adelante. Por ahora interesa recordar que 35% de ministros del interior han dejado de serlo por corruptos.

 Pero es el primer grupo de ex ministros, ese 40 % que ha “fenecido” por protesta social, el que llama mi atención. Debido a los hechos y a los muertos ocurridos recientemente en La Convención, justo cuando la Presidencia del Consejo de Ministros abría espacios de negociación directa con los dirigentes de las movilizaciones, me pregunté en mi anterior artículo si la política del Ministerio del Interior era coherente con la política de la jefa del Gabinete. Quizá la pregunta debería ser otra: ¿Puede haber coherencia entre una y otro? ¿Tiene el Ministerio del Interior los instrumentos para una acción políticamente orientada? ¿No ha sido un error reducir en la práctica un ministerio de gobierno interior a uno de la policía? La prevención –paciente, constante, inteligente- evita la confrontación en la que se pierden vidas. Soluciona. Pacta. Hace política. Hacer crecer en esa dirección el Ministerio del Interior es reconstruir lo público, el estado, la política. Se salvarán vidas. No es metáfora. Vidas.

Publicado en la web El Montonero el 16 de setiembre del 2014.

Cifras inverosímiles

Por: Fernando Rospigliosi

En setiembre de 2014 el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC- del gobierno peruano presentó una nueva versión de la tasa de homicidios en el Perú. Las cifras difieren radicalmente de las que han venido entregando los gobiernos peruanos –incluyendo el de Ollanta Humala hasta el 2012- ante el Observatorio de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el gráfico siguiente, la línea azul representa la tasa de homicidios por cien mil habitantes “antigua” –por llamarla de alguna manera- que entre 2005 y 2011 pasa de 11 a 24.1.

La tendencia coincide con lo que se ha podido observar en la realidad, dado que alrededor de 2008 y 2009 se extienden dos modalidades de delitos casi inexistentes antes, la extorsión y el sicariato, que han cobrado un elevado número de víctimas mortales. También se incrementan los robos violentos y otros delitos que también producen víctimas fatales.

Naturalmente se pueden discutir la exactitud de las cifras, pero la tendencia parece coincidir con la realidad.

Sin embargo, los nuevos datos del gobierno son, a todas luces, inverosímiles (línea roja). El recalculo de la cifra del 2011 pasa de 24.1 a 5.4, es decir, una quinta parte del anterior. El primer dato pudo estar quizás exagerado pero ¿a tal punto? Muy difícil de creer.

En segundo lugar, parece evidente que la tasa de homicidios ha aumentado desde 2008 y 2009 por las razones expuestas. Si el 2011 la tasa era de solo 5.4 ¿cuánto era una década atrás? ¿Acaso teníamos tasas holandesas o japonesas de 1 ó 0.3? Es absurdo, difícil de creer.

Las mismas cifras oficiales de aquella época muestran tasas de entre 4 y 5 homicidios por cien mil habitantes a principios de la década pasada. Es asombroso que esa misma tasa se mantenga hasta el 2011.

Por último, las cifras actuales nos sitúan en el continente con una tasa de homicidios inferior al e países tradicionalmente más pacíficos, con menos delincuencia y violencia –y que no son los primeros productores de cocaína en el mundo- como Uruguay y Costa Rica. Inverosímil.

Al parecer el gobierno quiere cambiar la percepción de inseguridad presentando cifras que nos hagan percibir que estamos en el mejor de los mundos.

Falta mayor labor de inteligencia

Publicado en la revista Somos el 13 de setiembre del 2014

Lo que Urresti no hace

Editorial de El Comercio

El ministro Urresti ha dicho que ya no dará cifras luego de las operaciones que encabeza diariamente, aquí y allá. De ahora en adelante, se limitará a las estadísticas oficiales. No tiene sentido seguir con las otras cifras, ha explicado, porque sirven para que se le intente “pintar” como un mentiroso. Y tiene razón, no tiene sentido seguir con ellas. Pero no tanto porque sean utilizadas por algunos oportunistas para pintarlo como alguien que no dice la verdad, sino porque ellas solitas, en su a menudo gruesa inverosimilitud, lo han pintado así. 

Lo que sí no ha detenido el ministro es el energético despliegue que le permite encabezar cuanta operación se lleva a cabo en la ciudad. Esto también tiene sentido (político, al menos). Aparentemente esa ubicuidad  ha logrado transmitir a la población la sensación de que el ministro es algo parecido a los superhéroes que en las grandes historietas del pasado – y las películas del presente– cuidaban la ciudad. Es difícil explicar de otra forma que en menos de dos meses en el puesto el ministro a cargo del tema sobre el que se concentraban las quejas más grandes de la población tenía ya una aprobación del 46%.Si Ciudad Gótica puede dormir tranquila es porque Batman está ahí, siempre atento, velando por ella. 

Tampoco ha parado el ministro Urresti su tendencia a disparar medidas efectistas (para efectos de la opinión ciudadana, no sabemos si también para los delincuentes). Muchos asaltos se cometen con armas con licencias robadas o en autos con lunas oscuras. Por ello,  el ministro ha anunciado que se prohibirán las armas en manos civiles y los autos con lunas oscuras. Como bien ha escrito el ex viceministro del interior Ricardo Valdés,  si proliferasen en Lima (y esperemos que ello jamás suceda) los atentados con sicarios en motos, veríamos las motos prohibidas.

Mientras tanto, sigue sin saberse mucho de los planes de fondo del ministro. Ha vuelto a presentar el plan de seguridad ciudadana del 2013, pero no se sabe si ahora este se comenzará a ejecutar seriamente o si le ocurrirá más bien lo mismo que a aquellas obras públicas donde cada cierto tiempo una autoridad diferente pone la primera piedra. Particularmente, preocupa saber si el ministro tiene alguna estrategia para mejorar la serísima situación del instrumento más importante con el que se cuenta para ejecutar cualquier plan de seguridad ciudadana: la Policía Nacional (PN).  Sobre la PN, más allá de una buena idea para profesionalizar la gestión de la institución (pasando a labores de seguridad a los miles de policías que actualmente se dedican a labores administrativas), el ministro solo ha hecho anuncios de aumentos de números. Se habrán graduado 53.300 nuevos policías al término de la gestión de Humala, se enviarán dos mil nuevos policías en los próximos dos años al norte, etc. El problema, sin embargo, es que, como están las cosas, la multiplicación de los policías tendría que ser un motivo más de preocupación que de tranquilidad para los ciudadanos. 

De acuerdo con la recientemente publicada última edición del Ránking de Competitividad Global, la policía peruana es, de lejos, una de las que tiene servicios menos confiables (por su probidad y por su eficacia) de las 144 policías nacionales analizadas (concretamente, tiene el puesto 137; es decir, solo 7 de las 144 inspiran menos confianza que la nuestra). Una información que, al margen de los muy meritorios casos de excelentes policías que tenemos, no debe  sorprender a nadie. Piense, por ejemplo, en si usted se siente tranquilo cuando lo detiene la policía mientras transita por las calles.

Lo peor es que la situación  no tiene visos de mejorar en el corto plazo. El anuncio del ministro Urresti sobre el número récord de policías que se graduarán en los próximos años se debe a que cada vez se hace pasar menos tiempo a estos en las, por demás, muy mal provistas escuelas policiales (muchos, de hecho, se gradúan en un año, en lugar de los tres que supuestamente dura la carrera). Por otro lado, no se sabe de ninguna reforma de fondo que, al tiempo que haga que nuestros policías estén bien pagados e imponga un auténtico sistema de meritocracia en la institución, pueda fortalecer los órganos de control interno y los sistemas de denuncia ciudadana para combatir la corrupción policial. 

El cambio de la seguridad en el Perú tiene que comenzar por la PN. Está claro que, más allá de las cifras que el actual ministro siga dando o no, ningún esfuerzo que se haga por la seguridad en el Perú será confiable mientras que su policía no lo sea.  

Publicado en El Comercio el 14 de setmbre 21

Gobierno y narcotráfico

Por Fernando Rospigliosi:

El gobierno de Ollanta Humala se ha mostrado muy activo denunciando la relación del narcotráfico y la política cuando están involucrados real o aparentemente sus opositores. Pero marcha con pies de plomo cuando se trata de su propia gente.

Nuevamente Américo Zambrano de Caretas ha encontrado otro hilo de la madeja en el caso de las toneladas de cocaína encontradas en Huanchaco, Trujillo. Resulta que el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres (no se sabe si es su verdadero nombre) que entraba al país desde el año 2012, tuvo apoyo del Superintendente de Migraciones, el ex congresista humalista Edgard Reymundo, para realizar en tiempo record trámites que a cualquiera le demoran meses.

El 13 de marzo de 2013, según Caretas, el narco mexicano pidió una “autorización especial para firmar contratos”. Se la concedieron al día siguiente.

La tarde del 20 de marzo de 2013 el mexicano pidió cambiar su calidad migratoria de turista a trabajador residente. El 25 de marzo, en tres días hábiles, obtuvo lo que quería, a pesar que le faltaban algunos documentos. Según revelaron funcionarios de Migraciones al periodista Zambrano, alguien llamó a Reymundo para pedirle u ordenarle que hiciera eso, y él a su vez se lo exigió a los encargados del trámite.

Reymundo renunció a Migraciones a principios de año para postular a la presidencia regional de Junín. 

El congresista toledista José León, aliado del gobierno, que le arrendaba la casa al narcotraficante mexicano, dijo que no lo conocía hasta que Caretas publicó el video filmado por la policía donde se le ve conversando con él. Ahora admite que visitó la casa cinco veces y conversó sobre seguridad ciudadana con su inquilino.

Cuando los policías de la Dirección Antidrogas de Lima que investigaban el caso se acercaron a la comisaría de El Milagro, donde estaba ubicado el depósito de carbón y de cocaína, el comisario les dijo “mejor ni voy por allí porque al rato están llamando desde el Congreso”.

En suma, hay indicios de que el narcotraficante mexicano tenía muchas influencias en el Estado que le agilizaban los trámites para montar la cobertura que necesitaba y lo desembarazaban de miradas indiscretas.

Pero en este caso, que según el gobierno es el del mayor cargamento de cocaína descubierto en la historia, no se ha escuchado ni al congresista Sergio Tejada, activo acusador de Alan García por los “narco indultos”, ni al ministro del Interior Daniel Urresti, que denunció falsamente al candidato fujimorista de Barranca, pronunciarse sobre Reymundo ni sobre León.

Y a propósito de Urresti, el domingo pasado Graciela Villasís de Cuarto Poder de América TV, reveló que en el caso del supuesto arsenal decomisado detrás de palacio de gobierno y del armero detenido, presentado por Urresti el 28 de agosto, estaba teñido también de medias verdades y falsedades completas.

Lo que ocurrió, en síntesis, es que ese día la policía encontró algunas armas ilegales en un hostal en el Rímac cerca a palacio de gobierno, a eso de las 7 de la mañana, pero no capturó a nadie. De acuerdo a fuentes policiales, Urresti, desesperado por presentar resultados –reales o supuestos- todos los días, presionó para que detengan a alguien, a cualquiera, para poder mostrar otro éxito.

Así, la policía arrestó a un conocido, el capitán PNP (r) Jesús Chávez Sifuentes, que fabrica prototipos de armas para el Ejército y la Policía, poco después del mediodía. De esta manera, a eso de las 3 de la tarde Urresti pudo presentar en conferencia de prensa las armas decomisadas en el Rímac junto a los prototipos incautados al armero, haciendo una mescolanza con dos asuntos sin relación alguna e involucrando a Chávez en delitos graves.

Chávez, según sus familiares, perdió una pierna en una operación de desactivación de minas en torres de alta tensión con la Marina de Guerra, a principios de la década pasada. Lo que encontraron en su taller son prototipos de armas para el Ejército, escopetas de aire comprimido, una pistola de fogueo y un par de armas malogradas, con licencia vigente, de amigos suyos.

Ahora el minusválido está preso en el penal de Piedras Gordas en un régimen de aislamiento especial.

Urresti no vacila en arruinar honras y vidas de personas en su enfermizo afán de presentar resultados diariamente.

Publicado en El Comercio el 14 de setiembre del 2014.

Aprendiendo a contar homicidios

Por: Gino Costa

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer los resultados de la nueva medición de los homicidios en el país para los años 2011, 2012 y 2013. Ellas arrojan tasas de 5,43, 6,53 y 6,61 por 100 mil habitantes, respectivamente. Esto confirmaría que las tasas peruanas se ubican a nivel promedio mundial, muy por encima de las tasas europeas y asiáticas y muy por debajo del promedio de América, el continente más violento del mundo.

Los datos demuestran una tendencia ascendente en la tasa de homicidios, que entre el 2011 y el 2013 creció en 21,7%. También crecieron los cometidos con arma de fuego, que pasaron del 55,5% al 62,5%.

La ciudad más impactada fue Barranca, que alcanzó una tasa de 36,2 por 100 mil habitantes en el 2013, seguida de Trujillo (25,0), Tumbes (24,8) y Chimbote (22,1), todas en la costa norte.

Piura y Chiclayo muestran tasas por sobre el promedio nacional, pero menores a diez, lo que, dado lo extendido de las extorsiones en esta última ciudad, podría indicar una suerte de paz mafiosa.

Otras ciudades golpeadas son Pisco, Chincha Alta y el Callao, que duplican el promedio nacional. Lima Metropolitana, en cambio, que concentra uno de cada cinco homicidios a escala nacional, tiene una tasa de 5 por 100 mil habitantes.

Para llegar a estos datos, el INEI visitó todas las dependencias policiales que registran homicidios en el país, los contó uno por uno y depuró aquellos que no califican como muertes violentas intencionales, incluyendo las muertes por accidentes de tránsito y otros homicidios culposos o no intencionales, los suicidios y algunos casos duplicados.

La depuración eliminó un tercio de los homicidios registrados por la Policía Nacional del Perú. La diferencia con los homicidios registrados por el Ministerio Público es aún mayor, pues estos alcanzaron en el 2011 una tasa de 24,1 por 100 mil habitantes, frente a la de 5,43 del INEI. La diferencia es casi de cinco a uno.

Dado que la cifra de la fiscalía para el 2011 fue la oficial y se compartió con los organismos internacionales, es necesaria una explicación de los errores metodológicos que llevaron a tamaña equivocación. De lo contrario, subsistirán las suspicacias, con mayor razón si, como por arte de magia, en el 2012 su tasa se redujo a 6,4, una cuarta parte de la del año anterior. La falta de credibilidad se acrecienta por la negativa de la fiscalía de abrir su base de datos al escrutinio del INEI, como sí lo ha hecho la Policía Nacional del Perú.

Sería conveniente que, con su nueva metodología, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reconstruya la secuencia de homicidios entre el 2000 y el 2010.

A futuro, será necesario que entre el INEI, la policía y la fiscalía se produzca un solo dato, de preferencia mensualmente, sobre la base de los registros de las dos últimas instituciones, que deben ser abiertos al escrutinio del INEI.

Publicado en El Comercio el 15 de setiembre del 2014

Más eficacia, menos show

Editorial de Correo

La solución a los problemas de seguridad pasa por hechos concretos: cero figuretismo, más eficacia. Esta es la principal demanda de la gente en un país donde la delincuencia hace estragos en la tranquilidad ciudadana.

En esta coyuntura de incertidumbre apareció el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien apelando a sus explosivas apariciones televisivas insinuó tener la solución a todos los problemas y de paso le hizo subir unos puntitos de popularidad al presidente Ollanta Humala.

Sin embargo, ser impulsivo y mediático le ha traído algunos problemas. Ya lo dijo el exministro Fernando Rospigliosi, quien catalogó a Urresti de sensacionalista y mentiroso por haber hecho un aparatoso operativo en el que anunció que se había encontrado un gran cargamento de cocaína en la camioneta de un candidato fujimorista en Barranca, cuando en realidad solo se había hallado 138 kilogramos de yeso.

En la lucha contra la delincuencia, es necesario el perfil bajo, el secreto, el silencio, para sorprender a los malos. Se requiere menos posturas circenses y más golpes certeros, porque si no continuarán los robos a mano armada, se multiplicarán los asesinatos y habrá escasos espacios para el sosiego. El show no siempre es bueno, aunque la mayoría lo aplauda. No en vano el 49% aprueba a Urresti.

Al ministro del Interior lo quieren por intentar poner el pecho en tiempos de zozobra. Ojalá no pierda su popularidad con hechos donde hay más dudas que certezas.

Publicado el 4 de setiembre del 2014